Raúl Morón quiere otra encuesta y valora su continuidad en Morena. Es un amago importante, porque una ruptura a esa escala puede complicarle mucho el futuro a Carlos Torres Piña, el elegido de Ariadna Montiel y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Más allá de las inconformidades naturales ante cualquier esquema de designación de candidaturas, a estas alturas es notorio que hay grupos que están actuando por la libre.
Morón cuenta, además, con el respaldo del PT, lo que da viabilidad a su propia candidatura si sus reclamos no prosperan. En el fondo, lo que se está viviendo es la consecuencia de una serie de traiciones, porque a Morón le ofrecieron —una vez que el INE canceló su candidatura hace seis años— que en la siguiente el propio Ramírez Bedolla lo respaldaría, pero no fue así.
Quienes deberían aprovechar la coyuntura son el PAN y el PRI, además de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
Cinco mil pesos, el depósito por AHMSA
El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) se quedó en el limbo porque el supuesto comprador no depositó los 56 millones de dólares de fianza que se requerían.
Jorge Arturo Domínguez, empresario de CIESA, se comprometió a pagar por la acerera mil 400 millones de dólares por los activos, pero solo depositó cinco mil pesos.
Conocedores del asunto señalan que ya era sospechoso el monto ofrecido y siempre se vio con algo de escepticismo, pero nadie previó el tamaño de la pifia.
Lamentablemente, los que pierden todavía más son los trabajadores y la Región Centro, donde los problemas económicos apremian, ya que la bonanza de otros tiempos estuvo ligada a AHMSA.
Policías en la mira, y Lemus con la Federación encima
En Jalisco están investigando a 17 policías por los hechos de violencia durante las detenciones que realizaron en el marco de la marcha de organizaciones de la sociedad para denunciar la pésima calidad del agua en Guadalajara. Muchos de los detenidos alegan malos tratos y hasta tortura.
El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, reveló que las sanciones contra los uniformados podrían ir de la amonestación a la suspensión en el trabajo, además de las que se sumen por las indagatorias judiciales.
Más le vale al gobierno de Pablo Lemus esclarecer el asunto antes de que lo hagan por él. Ya tienen ahí a la CNDH, que actúa por consigna, y desde Palacio Nacional están dando muestra de que no van a dejar el asunto, y menos aún en vísperas electorales.
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