En los próximos días se conocerá la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. La iniciativa de 2026 será la primera en 50 años que emanará del Ejecutivo sin el concurso de la sociedad civil ni los partidos de oposición y cuyo sentido, contrario a lo que se pregona, apunta a querer favorecer al partido mayoritario en la competencia política futura.
Dicha reforma se presenta en el contexto de una economía debilitada luego de 18 meses de un tsunami de reformas que han trastocado de manera profunda y duradera el marco institucional del país. El resultado ha sido una fuerte caída de la inversión privada, sin señales claras de recuperación pese a la constante invitación del gobierno a recuperarla.
¿Qué efecto tendrá sobre la economía una reforma electoral que apunta a buscar consolidar la hegemonía de un partido? ¿Es relevante para las decisiones de inversión de las empresas una reforma electoral que se perfila a limitar los mecanismos de acceso al poder político y cuyas consecuencias para la democracia mexicana podrían ser duraderas?
A primera vista, los cambios en el ecosistema electoral podrían parecer de bajo impacto (e interés) para el sector privado. Al final, las empresas “no comen democracia” y, como se ha visto en algunas experiencias internacionales alrededor del mundo, incluido México, es factible que convivan un régimen político parcial o totalmente cerrado con una economía que avanza.
No obstante, quizá sea oportuno recordar que las consecuencias de limitar la representación y cerrar las puertas a una futura alternancia, quizá sean más negativas para el ecosistema empresarial de lo que a primera vista aparenta. Al cerrarse las válvulas de la competencia política, los incentivos del nuevo partido hegemónico se modifican, no necesariamente para bien.
Si la historia y las experiencias recientes alrededor del mundo sirven de guía, la consolidación de un solo partido como única alternativa política tiene tres posibles implicaciones para las empresas:
a) Los canales de interlocución se reducen para el sector privado. De forma natural, las empresas se adaptan a la nueva realidad política y se vuelcan a lograr acceso (y en ocasiones prebendas) con el partido mayoritario, acentuando la ya de por sí exacerbada concentración del poder. Los partidos de oposición se tornan cada vez más irrelevantes, lo que genera un círculo vicioso donde se monopoliza la toma de decisiones, con poco incentivo a incorporar otras voces en las decisiones de política pública.
b) Políticas públicas erráticas. Un partido con poca o nula presión de competencia electoral, puede tornarse más proclive al statu quo. Los grupos de interés alrededor se van corporativizando, las políticas se tornan cada vez más clientelares, el apetito para llevar a cabo reformas económicas incómodas, pero necesarias, se va reduciendo y el riesgo de malas decisiones económicas crece.
c) Corrupción. Los miembros de un partido sin competencia efectiva por el poder, poco a poco, tendrán más incentivos para corromperse. Ante la debilidad de los partidos de oposición, una prensa débil, menores canales de transparencia y una muy baja probabilidad de perder el poder, los partidos hegemónicos van tornándose más proclives a la corrupción. Dada la baja probabilidad de sanción, se reproducen prácticas de colusión y protección intragrupo.
No se puede ignorar, en resumen, las potenciales consecuencias económicas de la reforma electoral que se presentará los próximos días. La experiencia de países que han sufrido regresiones democráticas en el mundo no es económicamente alentadora. Por si fuera poco, ello ocurre en el contexto de un entorno de baja confianza para la inversión que la reforma electoral amenaza con acentuar.
