Para el organismo internacional hubo un aumento de prácticas autoritarias en Estados Unidos en el segundo mandato del republicano
Para el organismo internacional hubo un aumento de prácticas autoritarias en Estados Unidos en el segundo mandato del republicano

En el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Trump, Amnistía Internacional ha publicado hoy el informe Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States, en el que alerta sobre el aumento de prácticas autoritarias en Estados Unidos y su impacto devastador sobre los derechos humanos, tanto dentro como fuera del país.
El informe documenta doce áreas interconectadas en las que la administración Trump, según Amnistía, está minando los pilares de una sociedad libre: ataques a la libertad de prensa y al acceso a la información; restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica; presión sobre la sociedad civil y las universidades; represión de la oposición política y la disidencia; debilitamiento de la judicatura, la abogacía y las garantías procesales; vulneraciones de los derechos de personas refugiadas y migrantes; estigmatización de comunidades; retrocesos en protecciones contra la discriminación; militarización de ciudades; desmantelamiento de mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción; ampliación de la vigilancia sin supervisión efectiva; y esfuerzos por debilitar los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
Amnistía detalla cómo estas tácticas se refuerzan mutuamente: detenciones y sanciones a estudiantes que protestan en campus, operaciones de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que siembran miedo en comunidades, normalización de la militarización urbana, y la intimidación a la prensa que dificulta la denuncia de abusos. Según la organización, todo ello erosiona derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión, la igualdad y la no discriminación, las garantías procesales, la libertad académica, el derecho a solicitar asilo y, en casos extremos, el derecho a la vida.
Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que la deriva autoritaria ha desembocado en “una emergencia de derechos humanos” y advirtió que la concentración de poder y la erosión de normas están haciendo más difícil pedir responsabilidades.
El informe recuerda patrones similares observados por Amnistía en otros países, donde gobiernos consolidan poder, controlan la información, desacreditan críticas y reducen el espacio cívico. La organización advierte que, una vez consolidadas, las prácticas autoritarias dejan las instituciones encargadas de limitar abusos gravemente comprometidas.
Amnistía presenta un paquete de recomendaciones dirigidas al poder ejecutivo y al Congreso de Estados Unidos, a gobiernos y fuerzas de seguridad estatales y locales, a actores internacionales, a empresas —incluidas compañías tecnológicas— y a la ciudadanía, para revertir la normalización de prácticas autoritarias: proteger el espacio de la sociedad civil, restablecer salvaguardas del Estado de derecho, reforzar la rendición de cuentas y asegurar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
“Podemos y debemos forjar un camino diferente”, concluyó O’Brien, subrayando que las prácticas autoritarias solo prosperan si se les permite normalizarse y que la unión y la acción son necesarias para proteger los derechos humanos en Estados Unidos.
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