El ahora director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP propuso un pago de 468 mil pesos para cubrir la reparación de los daños materiales en la estación migratoria en Ciudad Juárez
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El ahora director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP propuso un pago de 468 mil pesos para cubrir la reparación de los daños materiales en la estación migratoria en Ciudad Juárez
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombrara el pasado martes a Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria justificó este miércoles la designación al señalar que Garduño no es "un perfil cualquiera", ya que es doctor en derecho.
Asimismo, la mandataria aseguró que el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) concluyó su proceso legal, por lo que actualmente no tiene ningún procedimiento jurídico en curso.
“Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración”, dijo Sheinbaum.
En 2023, Garduño Yáñez se desempeñaba como titular del INM cuando ocurrió un incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 migrantes.
La defensa del extitular de INM propuso un pago de 468 mil pesos para cubrir la reparación de los daños materiales en la estación migratoria y buscar una suspensión del proceso, sin embargo, un juez rechazó la propuesta.
Organizaciones civiles que ofrecen apoyo a las víctimas del incendio en el Instituto Nacional de Migración, ocurrido en 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestaron su indignación y preocupación por el nombramiento de Garduño Yáñez, según información de SinEmbargo.
“Continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, informó en un comunicado la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
La Fundación para la Justicia dijo a través de sus redes sociales que el nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.
“Resulta especialmente grave que dicha designación no esté respaldada por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo. Esta ausencia refuerza la percepción de que el nombramiento responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, argumentó.
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