El expresidente López Obrador dijo que su gobierno trabajaba para evitar que la juventud se incorporara al crimen organizado, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. “Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social”, afirmó el 22 de abril de 2022.
Sostuvo que había una competencia con el crimen organizado para ganarse a los jóvenes del país, y evitar que tomen “conductas antisociales”, terminen en la cárcel o muertos.
La principal causa de muerte en los mexicanos de entre 15 y 34 años de edad, en 2018, antes del inicio del gobierno de López Obrador, fue el homicidio por agresión. En 2024, luego de seis años de su gobierno, lo siguió siendo. No hubo ninguna transformación, de acuerdo con las estadísticas de defunción registradas (EDR) del INEGI.
En abril de 2021, cuando el gobierno empezó a publicar la edad de las personas presas en las cárceles, había 107 mil de ellas de entre 18 y 34 años de edad. En diciembre de 2025, luego de cuatro años y medio de programas sociales y becas escolares del morenismo, había 112 mil, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria.
La muerte y la cárcel siguen siendo el destino de decenas de miles de jóvenes mexicanos.
El estudio más reciente de la Secretaría de Hacienda sobre la distribución del gasto público nos dice que si dividimos los hogares mexicanos en 10 tantos iguales, deciles, el número 1, los de menos ingresos, reciben 7.2 por ciento del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y el decil 10, los de más ingresos, reciben 5.2 por ciento.
No hay mucha diferencia entre la parte del presupuesto entregado a jóvenes en pobreza extrema y a los jóvenes más ricos del país y el monto por persona es el mismo.
Tampoco en las becas de bachillerato son primero los pobres. Al decil 1 llega 11 por ciento del presupuesto pero al decil 4, 14.7%.
No hay una política especial que apoye a los jóvenes mexicanos que tienen necesidades económicas, que padecen adicciones o que viven en comunidades controladas por el crimen organizado.
Siguen siendo “recursos humanos fáciles de sacrificar” para las mafias.
No hay un programa específico que identifique a los más necesitados y se haga cargo de capacitarlos y conseguirles un empleo formal. No hay una estrategia que evite que los muchachos en condiciones de vulnerabilidad dejen la escuela.
No hay un programa de atención personal a los más afectados por las adicciones y que les reconstruya un entorno de valores de convivencia cívica.
No hay una intervención especial del gobierno para recuperar los territorios donde el crimen organizado recurre a la coerción para reclutar.
Cada joven preso, desaparecido o asesinado es la evidencia de que es falso el cuento de que Morena combate las causas sociales del delito.
