El negocio millonario del Clan, revelado por Latinus es el flete de metros cuadrados de balasto en las rutas de tren del gobierno; comenzó en 2018 y persiste en 2026
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El negocio millonario del Clan, revelado por Latinus es el flete de metros cuadrados de balasto en las rutas de tren del gobierno; comenzó en 2018 y persiste en 2026
Las investigaciones de Latinus revelaron una red de tráfico de influencias encabezada por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que operó desde 2018 en los megaproyectos ferroviarios del sexenio anterior, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, pero lejos de desmantelarse, las empresas y operadores políticos de esta estructura han seguido colándose en contratos públicos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En este momento, empresarios y operadores ya están insertados en contratos para la segunda fase del plan ferroviario de la Cuarta Transformación, que incluye el tramo Querétaro–Irapuato y la nueva vía hacia la refinería de Dos Bocas.
Según audios y documentos oficiales, Andrés López Beltrán es el principal operador político del grupo, articuló relaciones entre empresarios, militares y funcionarios con capacidad de decisión en megaproyectos estratégicos.
Su hermano Gonzalo López Beltrán, a quien llaman "Boby", participó en la supervisión informal de obras ferroviarias, una figura que la propia presidenta Sheinbaum ha denominado como “supervisor honorario”, sin cargo definido en el gobierno ni responsabilidad administrativa documentada.
La red integró a empresarios, familiares y operadores políticos con acceso directo al poder presidencial, replicando un esquema clásico de captura del Estado, donde intermediarios sin puesto oficial influyen en la asignación de contratos públicos multimillonarios.
La base del esquema se concentró en el suministro de balasto ferroviario, piedra triturada indispensable para la estabilidad de las vías férreas.
El control del balasto se convirtió en el negocio más lucrativo del Clan durante la construcción del Tren Maya, con contratos multimillonarios, márgenes opacos y una supervisión limitada por parte de las autoridades responsables.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la construcción de varios tramos del Tren Maya, firmó contratos directos con proveedores vinculados al entorno del grupo.
Uno de los contratos documentados fue firmado el 4 de octubre de 2022 con la empresa Energía Solar y Proyectos de Ingeniería, por 535 millones 446 mil 799 pesos para suministrar 208,903 metros cúbicos de balasto en el tramo 6 del Tren Maya (Tulum–Chetumal). El contrato debía concluir el 31 de diciembre de 2023.
El acuerdo incluyó un anticipo superior a 107 millones de pesos, posteriormente objeto de litigio luego de que la Sedena intentó rescindir el contrato por retrasos. Un tribunal determinó que la rescisión fue improcedente, impidiendo la recuperación del anticipo, lo que evidenció deficiencias administrativas y opacidad en la gestión de recursos públicos estratégicos.
Las investigaciones periodísticas señalan a Amílcar Olán, empresario tabasqueño y amigo cercano de los hijos del expresidente, como el principal proveedor de balasto del Tren Maya y uno de los operadores empresariales más relevantes del esquema.
Documentos entregados por el Ejército confirman contratos con Olán desde el 1 de diciembre de 2018, incluidos acuerdos en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, así como su participación en bancos de materiales estratégicos.
Audios difundidos por Latinus revelan que Olán negociaba precios del material, fletes y presuntos pagos irregulares a ingenieros militares encargados de la obra, lo que apunta a un patrón sistemático de tráfico de influencias en la cadena de suministro.
Pedro Salazar Beltrán, primo de los López Beltrán, habría participado en la gestión del suministro del material pétreo mediante empresas familiares y presuntos prestanombres, consolidando una estructura patrimonialista del negocio público.
Entre las empresas señaladas en las investigaciones se encuentran Servicios Integrales de Teapa S.A. de C.V., Stone Group Veracruz y Grupo Minero Alicante S.A. de C.V., creadas entre 2019 y 2021 para operar bancos de materiales y transporte.
Estas compañías consolidaron, según Latinus, un circuito altamente concentrado de proveeduría, con escasa competencia real en uno de los insumos más costosos de los megaproyectos ferroviarios.
El esquema involucró consorcios constructores que adquirieron balasto a las empresas del Clan. Por ejemplo, el consorcio Azvindi compró miles de metros cúbicos del material a empresas controladas por Olán.
Asimismo, empresas internacionales como Mota-Engil, vinculada al empresario José Miguel Bejos, obtuvieron contratos multimillonarios para la construcción de tramos ferroviarios, generando un ecosistema donde los proveedores del Clan se insertaron como intermediarios privilegiados en la cadena de suministro.
Bejos figura entre los contratistas ferroviarios más favorecidos durante ambos gobiernos de la Cuarta Transformación, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la continuidad de beneficiarios del gasto público en infraestructura.
Uno de los nombres clave en la estructura es Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía presidencial, señalado por las investigaciones como coordinador político del tráfico de influencias del Clan y ahora diputado plurinominal por Morena.
Su cercanía con López Obrador le habría permitido facilitar acceso a dependencias federales, destrabar contratos y participar en decisiones estratégicas sin ocupar formalmente un cargo de alto nivel en la administración pública, operando como un poder paralelo sin controles institucionales.
El esquema del balasto y los intermediarios se replicó en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Audios divulgados en 2024 documentan la participación de Olán en la rehabilitación de vías, la explotación de minas y la venta de balasto, mostrando un patrón de asignación de contratos similar al del Tren Maya.
El tema volvió a la escena pública tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó al menos 14 personas fallecidas y 109 heridas.
El accidente reavivó cuestionamientos sobre la calidad de los materiales, la supervisión de obra y la responsabilidad de operadores políticos vinculados al Clan, particularmente tras la mención de Gonzalo López Beltrán como “supervisor honorario”.
El aspecto más delicado del caso es la presunta continuidad de estas redes durante el gobierno de Sheinbaum.
Los mismos operadores y empresas aparecen vinculados a la cadena de suministro en los nuevos megaproyectos ferroviarios posteriores a 2024, cuando el nuevo gobierno impulsó una expansión nacional de trenes de pasajeros y carga.
El reportaje de Latinus documenta que consorcios constructores asociados a la administración anterior continuaron adquiriendo materiales a proveedores del Clan, lo que sugiere una inercia institucional que permitió que la red sobreviviera al relevo presidencial.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el Tren Maya, incluyendo pagos en exceso y deficiencias de supervisión en conceptos de subbalasto y balasto, con montos pendientes de aclarar en auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
Estos hallazgos oficiales refuerzan los cuestionamientos sobre la transparencia del suministro de materiales en los megaproyectos ferroviarios y la efectividad de los mecanismos de control gubernamental.
En 2024, la Sedena reconoció la existencia del contrato D.G.INGS./AIFA-RSF-T6-F5/MRA1647/CONV-F/A/2023-AD-040-001, vinculado a empresas relacionadas con el Clan, pero lo clasificó como reservado hasta 2029 debido a procesos judiciales en curso.
La reserva de información ha limitado el escrutinio público sobre los montos, proveedores y condiciones contractuales, consolidando un muro de opacidad en uno de los proyectos de infraestructura más costosos del país.
2018 | El origen del círculo de poder informal
1 de diciembre de 2018
2019 | Creación de empresas proveedoras
2020 | Arranque del Tren Maya
2021 | Consolidación del negocio del balasto
2022 | Contratos millonarios con Sedena
4 de octubre de 2022
2023 | Litigios y opacidad
2024 | Audios y reportajes del “Clan”
2024 | Cambio de gobierno
1 de octubre de 2024
2025 | Continuidad de proveedores
2026 | Debate público y exigencia de transparencia
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