La fábula es vieja, pero no envejece. Un alacrán está a punto de ahogarse a la orilla de un río y le pide ayuda a una rana para cruzar. La rana duda, sabe que el alacrán pica. Él le promete que no lo hará, si la pica ambos morirán. La rana, conmovida, acepta. A mitad del trayecto, el alacrán la pica. Cuando ella, ya hundiéndose, le reclama la traición, el alacrán responde sin remordimiento, no pude evitarlo, es mi naturaleza.
No es una fábula infantil ni una historia moralizante. Es una advertencia política. Una explicación sencilla y brutal de cómo operan quienes viven del daño ajeno y de por qué resulta tan peligroso confiar en ellos, incluso cuando parecen no tener otra salida.
Los alacranes se parecen mucho a los criminales profesionales. No operan con valores, lealtades ni palabra de honor. Su lógica es simple y despiadada, sobrevivir. Todo lo demás es accesorio. Personas, acuerdos, silencios, promesas, instituciones. Usan lo que sirve y desechan lo que estorba. No hay gratitud ni compromiso, hay cálculo. Siempre.
Eso es exactamente lo que hemos visto con múltiples criminales mexicanos que han sido detenidos, enviados, expulsados o extraditados, cada quien le pone el nombre que quiere, hacia Estados Unidos. En el trayecto, muchos descubren que su información vale. Que sus nombres, sus rutas, sus operadores y, sobre todo, sus vínculos políticos pueden convertirse en moneda de cambio.
El sistema de justicia estadounidense no es moralista, es pragmático. Premia la cooperación útil y castiga lo que considera más dañino para el Estado.
Y aquí aparece el punto que en México incomoda. Para la justicia estadounidense, el político corrupto, el funcionario que protege, el que facilita, el que acompaña al crimen organizado, es peor que el criminal violento. El sicario mata personas. El político corrompe al Estado. Y esa diferencia pesa.
Por eso es tan revelador lo que ha ocurrido con los envíos masivos de criminales a Estados Unidos en esta administración. Desde 2025, México ha entregado 92 perfiles de alto impacto en tres bloques sucesivos. No es una cifra menor, es un síntoma. Un síntoma de que el Estado mexicano sigue batallando para hacer justicia completa dentro de su propio territorio. Porque detener no es lo mismo que procesar. Porque consignar no es lo mismo que sentenciar. Porque encarcelar no es lo mismo que neutralizar. Y porque, con demasiada frecuencia, el final del expediente no lo decide un juez, sino una llamada, un amparo, una negociación o una puerta giratoria.
En ese contexto, mandar criminales a Estados Unidos se vuelve la salida eficaz. Ahí sí hay cortes especializadas, fiscales con dientes, testigos protegidos y sentencias que pesan. En algunos casos, incluso se aceleran procedimientos para evitar que los propios internos sigan operando desde prisión o que un juez local los regrese a la calle.
Pero la fábula no termina en el traslado, termina en la lección. El alacrán siempre pica y casi nunca pica hacia arriba en su propio país. Pica donde le conviene. En Estados Unidos, el mensaje es claro, quien traiciona al Estado desde dentro es un objetivo prioritario.
Por eso la imagen reciente de familiares de Joaquín Guzmán y de Ovidio Guzmán cruzando la frontera hacia Estados Unidos no es anecdótica ni menor. Es profundamente ilustrativa. No habla de indulgencia, habla de alternativas. De cómo incluso los criminales más perversos pueden encontrar salidas procesales rápidas cuando su cooperación resulta valiosa para desmantelar redes más amplias, especialmente políticas.
La rana creyó que la lógica podía domesticar la naturaleza del alacrán. Que el interés compartido bastaría para contenerlo. El Estado mexicano ha cometido ese mismo error demasiadas veces. Confundir pactos con control, silencios con gobernabilidad y treguas con estrategia. Creer que el crimen puede administrarse sin consecuencias estructurales.
Pero los alacranes no cambian. Se adaptan, aprenden, negocian y cuando llega el momento, pican. Siempre pican.
El problema de fondo no es que México envíe criminales a Estados Unidos. El problema es por qué tiene que hacerlo. Cuando un Estado necesita sacar a sus peores delincuentes para que otro país los juzgue, no está demostrando fortaleza, sino límite. Está admitiendo que no pudo, o no quiso, procesarlos con eficacia en casa. La justicia no debería exportarse como último recurso. Mientras la impunidad siga siendo la norma y no la excepción, los alacranes seguirán negociando su salvación y el Estado seguirá actuando como rana, confiando, cargando y, al final, pagando el costo.
