La verdadera soberanía es entendimiento, negociación y colaboración entre naciones.
En la década de los ochenta Colombia era, por mucho, el referente cuando se trataba del crimen organizado y su influencia en la sociedad.
No es ninguna casualidad que la denominación del “cartel” haya surgido en esa época y en ese país.
Derivado del negocio de la producción y exportación de la cocaína, los recursos de las organizaciones criminales lograron penetrar en la sociedad colombiana en todas sus esferas; tanto públicas como privadas.
Contaban con presencia en el Poder Judicial, en el congreso, en las autoridades administrativas locales y, sin duda, en las autoridades policías y las fuerzas armadas. También intentaban controlar los medios de comunicación electrónicos y la prensa.
Justo en esa época el gobierno norteamericano empezó a apoyar, o presionar, al gobierno colombiano en una verdadera lucha contra los carteles de la droga que implicó asistencia económica y militar.
El primer signo de la brutalidad de la batalla fue el asesinato del ministro de Justicia después de la aprobación de la ley que permitía la extradición de los narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.
En ese marco, los “extraditables” colombianos resistieron violentamente la persecución al grado de atacar y secuestrar con mercenarios el Palacio de Justicia del país, lo que provocó una rección militar que culminó con casi un centenar de muertos.
Ya a principios de este milenio Estados Unidos formalizó la colaboración con dicho país en el llamado Plan Colombia, que implicó una enorme inyección de recursos norteamericanos para fortalecer las instituciones colombianas relacionadas con la imposición del orden, la justicia y la paz.
Mientras todo eso ocurría los carteles colombianos utilizaban cada vez más a sus socios mexicanos, primero como herramienta de tránsito hacia Estados Unidos y, a partir de la ejecución del plan Mérida, como apoyo en búsqueda de la impunidad en sus operaciones. El narco colombiano se sentía más cómodo y protegido en México.
El esquema de penetración social que existía en Cali y Medellín en los ochentas fue replicado en diversas regiones de México casi de forma simultánea; pero el apoyo económico que llegó a Colombia en el año 2000 no llegó a México sino hasta casi una década después con la Iniciativa Mérida.
Durante la vigencia de dicho plan, la detención y extradición hacia Estados Unidos de los principales cabecillas de las organizaciones criminales fue evidente. Como lo fue la presencia y colaboración de agencias norteamericanas con las procuradurías, policías y fuerzas armadas mexicanas.
De hecho, la construcción de las capacidades tecnológicas de las aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera en México fueron fondeadas en enorme medida con recursos provenientes de la iniciativa Mérida.
Pero el plan entre México y Estados Unidos fue enterrado a partir del sexenio pasado so pretexto de la soberanía nacional con resultados fueron simplemente brutales.
Recientemente y sin tanto reconocimiento ha pasado la transferencia de casi un centenar de presos mexicanos hacia Estados Unidos. Sin una protocolización sobre un acuerdo específico México avanzó en la colaboración en la batalla contra el narcotráfico de forma excepcional.
No solo es la entrega de dichos delincuentes sino, particularmente, la información con la que cuentan. Simplemente una decisión de Estado. Defender nuestra paz es defender nuestra Soberanía. Cerrar nuestras puertas a la colaboración, en cualquiera de sus formas, es una especie de complicidad criminal.
