Así, sin tantita pena, ese aparato de impartición de justicia que le cuesta millones de pesos a los jaliscienses puede hallar el olvido al estilo Jalisco (José Alfredo Jiménez dixit). Así, sin tantita pena, se ha decidido que los casos de alto impacto mejor los resuelva el Tío Sam, porque aquí ni con presupuesto ni con discursos nos alcanza.
Y para muestra un botón. O, para ser más precisos, un exgobernador asesinado.
El caso Aristóteles Sandoval, que su predecesor Enrique Alfaro decidió “resolver” con el poder místico de su voz… y ya, vive hoy un nuevo episodio que no sólo confirma que la palabrería no detiene balas ni encarcela criminales, sino que exhibe con crudeza el tamaño del fracaso institucional en Jalisco.
Durante la develación de un busto en honor al exmandatario, el actual gobernador Pablo Lemus tuvo el valor de sostener algo elemental: que el asesinato cometido la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en el bar Distrito 5, en Puerto Vallarta, no está resuelto.
Con ello desmintió a Enrique Alfaro, hoy cómodamente instalado en Madrid, quien en 2021 aseguró que el caso estaba cerrado porque los responsables estaban “plenamente identificados”, pero nada más faltaba detenerlos. Un pequeño detalle sin importancia: nunca los detuvieron.
Y ya encarrerado por la ruta del realismo, Lemus fue más lejos. Aprovechando la extradición a Estados Unidos de Armando Núñez Gómez, “Delta 1”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, anunció que pedirá a Washington que haga lo que aquí no se ha logrado en un sexenio: investigar.
La escena es reveladora. Mientras en Estados Unidos la justicia es lenta, cara y a veces incómoda, pero real, en Jalisco —y en México entero— es una ficción administrativa que consume recursos, genera boletines y archiva expedientes.
Porque en otros países no basta con decir que un caso está resuelto, hay que probarlo. No basta con identificar culpables, hay que detenerlos. No basta con discursos, debe haber sentencias. Y esa diferencia explica por qué aquí seguimos preguntándonos quién asesinó a Aristóteles Sandoval, mientras allá ya interrogan a personajes que aquí nadie nunca tocó.
Lo peor es que el problema no es nuevo. En 2020, el propio Enrique Alfaro reconoció públicamente que había integrantes de la delincuencia organizada infiltrados en la Fiscalía de Jalisco. No fue un trascendido, fue una admisión oficial. Desde entonces, la institución sigue intacta, como si nada hubiera pasado. Ni purga, ni limpieza, ni deslinde. La Fiscalía contaminada se convirtió en postal.
De esta forma, pedirle a ese aparato que resuelva el homicidio de un exgobernador resulta casi un acto de humor negro. Por eso no sorprende —aunque sí avergüenza— que hoy se mire hacia el Norte como última esperanza. Si el sistema de justicia jalisciense no puede, si el Estado mexicano no quiere y si la Fiscalía no se toca ni con el pétalo de una auditoría, entonces que sea el Tío Sam quien haga el trabajo sucio.
Que sea Estados Unidos el que investigue, interrogue, procese y revele la verdad. Aquí ya hicimos lo nuestro: discursos, bustos, promesas y olvido.
Porque en Jalisco la justicia cuesta, pero no existe. Y cuando un país normaliza que sus crímenes más graves sólo avanzan cuando cruzan la frontera, no es una intervención extranjera, es un certificado de incapacidad.
Así, sin rubor y sin nacionalismos de utilería: que el Tío Sam haga justicia en el caso Aristóteles. Total, que aquí sólo alcanzó para un bonito discurso y para un busto al cual le echaron las mismas ganas que a la “investigación” oficial.
