188,355 ciudadanos mexicanos hicieron historia; entre todos, lograron presentar una iniciativa popular en materia político-electoral que busca reformar la Constitución para asegurar cinco puntos de interés para la población, rompiendo así una práctica que era característica exclusiva de los partidos políticos y los gobiernos en turno.
Las reformas electorales de nuestro país han sido producto de las propuestas, deliberaciones, debates y aprobaciones de los partidos políticos y el gobierno federal. Si bien, en todas ellas, se ha tomado en cuenta la opinión de académicos, expertos y técnicos en la materia, la construcción de dichas reformas había estado ajena a la ciudadanía, solían ser acciones propias de la "clase política".
Dado que el sistema electoral fue creado para asegurar el ejercicio de un derecho ciudadano fundamental —el derecho a votar—, es crucial que las personas se involucren en mejorar las reglas del juego que les permiten participar. Las reformas electorales suelen distanciar a la gente, asignándoles el papel de meros espectadores, en lugar de alentar su rol como protagonistas.
Una de las luchas de la marea rosa es generar una masa de ciudadanos más comprometidos, atentos, informados e interesados en los asuntos públicos, en la exigencia de resultados y, sobre todo, en la elaboración de propuestas que busquen el bien de la nación.
Hemos sido convocantes para defender instituciones, diseñamos métodos para democratizar a los partidos en la importante tarea de elegir la candidatura presidencial, elaboramos propuestas integrales para que nadie se quede atrás en México, ejercimos el derecho de acudir a instancias como la SCJN y la Sala Superior del TEPJF mediante la figura del “amicus curiae”, lo hicimos respaldados por cientos de miles que no se conformaron con opinar, sino que dieron el paso de involucrarse cada vez más.
La iniciativa popular en materia político-electoral es un paso adicional en la construcción de la agenda ciudadana y la oportunidad de aprovechar el reconocimiento al derecho contemplado en el artículo 71 de la Constitución, que establece que un grupo de ciudadanos —específicamente el 0.13% de la lista nominal de electores— presente proyectos de ley o de reforma directamente ante el Congreso de la Unión, sin necesidad de que un legislador, grupo parlamentario, partido político o el presidente los respalde.
Ese derecho, de difícil ejecución, es el que acabamos de materializar. Presentar iniciativas populares conforme a lo señalado por la Constitución representa un gran desafío, no sólo porque se debe elaborar con la técnica adecuada, sino porque obliga a los convocantes a salir a buscar “firmas” de la gente para cumplir con el requisito mínimo de apoyos; en este caso, se necesitaban 130 mil firmas.
Esta tarea es compleja, tanto por la limitada participación ciudadana en temas públicos, como por el uso inédito de la firma electrónica mediante la app del INE, organismo cuya actuación cuestionable y deficiente ha erosionado la confianza social a partir de la elección de 2024.
Este esfuerzo ciudadano se titula “Salvemos la Democracia”, fue anunciado el 8 de octubre de 2025 y es respuesta a la amenaza del régimen de imponer una reforma electoral que, desde el diseño del proceso de elaboración, adelantaba que sería regresiva y autoritaria, dado que la propuesta ya no sería consensuada por todas las fuerzas políticas, sino redactada por una "comisión presidencial" que fingió consultar a la población.
El movimiento “Salvemos la democracia” pretende que se discuta y, en su caso, se apruebe el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.
La propuesta engloba, en cinco puntos, las principales exigencias y preocupaciones ciudadanas que captamos a lo largo de las movilizaciones de la MAREA ROSA por todo el país:
- Que haya un árbitro justo,
- Que haya un piso parejo para todos,
- Eliminar trampas,
- Sacar a la delincuencia de las elecciones, y
- Terminar con el chapulineo y la sobrerrepresentación.
El INE avaló que se cumplió con el requisito constitucional; la presidenta de la Cámara ha informado al pleno que se recibió la iniciativa popular en materia político-electoral y la turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral.
Ahora viene una etapa aún más difícil: lograr que la iniciativa sea tomada en cuenta por las fuerzas políticas, que sea debatida y, en su caso, aprobada o desechada.
Sirva este texto para hacer énfasis en la importancia de la participación ciudadana, su difícil incorporación en los mecanismos de democracia directa y, sobre todo, en el reconocimiento al esfuerzo que muchos ciudadanos y organizaciones sociales hacen para que en nuestro país no muera la democracia. Son tiempos difíciles; el tamaño del reto es proporcional al crecimiento del autoritarismo en nuestra nación.
Para consultar más detalles sobre esta iniciativa ciudadana, entra a salvemoslademocracia.mx
