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Dejan a su suerte a víctimas del Tren Interocéanico; pagan de su bolsa medicamentos y atención

Presentarán una queja en la CNDH por lo que consideran un retraso deliberado en la actuación del Ministerio Público federal en la denuncia que interpusieron

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó a su suerte a víctimas como el misionero Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen y su hijo Alexis, sobrevivientes de la tragedia en la que fallecieron 14 personas.

Ellos han tenido que pagar de su bolsillo los medicamentos y atención que requieren para lograr su recuperación y no han sido contactados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a pesar de que fue un compromiso presidencial.

El pastor de la Iglesia Casa del Alfarero ha sido el único que con su familia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles actos de negligencia y corrupción que derivaron en el siniestro.

Sin embargo, desde que recibieron el alta médica para regresar a su hogar en Ciudad Juárez, Chihuahua, ninguna autoridad se les ha acercado para darles un seguimiento personalizado o informarles de la indemnización que legalmente les corresponde como reparación del daño.

"Se perdió el interés"

“Se perdió el interés”, dijo a La Aurora de México el misionero, quien se recupera con su familia de las lesiones que sufrieron durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, Juan Manuel ha tenido que asumir los gastos médicos por las lesiones que les dejó el accidente; él por esguince de tercer grado en el tobillo, Flor del Carmen por esguince cervical y Alexis por la intervención quirúrgica en el brazo derecho.

Comentó que en el IMSS no hay los medicamentos ni los servicios que requieren para continuar su recuperación física. “La cantidad que he gastado no tiene importancia, lo que importa es el acto en sí mismo de las autoridades”, señaló.

“La última vez que nos vieron fue el domingo 18 de enero. Vamos a pagar un ortopedista para la valoración completa y real de las afectaciones que sufrimos", relató.

Consideró que existe presión desde el gobierno de México para que no hablen y expongan públicamente la realidad de lo que enfrentan.

Lo anterior a pesar de que el 29 de diciembre de 2025 -un día después del descarrilamiento del Tren Interoceánico-, al visitar a las víctimas en hospitales, la presidenta Sheinbaum dijo que la CEAV “da seguimiento a las y los lesionados”, independientemente del apoyo inicial de 30 mil pesos que se otorgó.

El pasado 5 de enero, el pastor y contador de profesión presentó una denuncia ante la FGR, a través del bufet jurídico Vega Mac Gregor Arellano en contra de las empresas COMSA Infraestructuras S.A. de C.V.; Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V., Daniferrotools S.A. de C.V, y quienes resulten responsables de los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

En el despacho se informó que presentarán una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante lo que consideran un retraso deliberado en la actuación del Ministerio Público federal en relación a esta denuncia penal en específico.

Además de que los representantes legales de la familia no han sido citados como parte de la denuncia que presentaron ni se le ha permitido el acceso a la carpeta de investigación para comprobar que realmente se está realizando de manera profesional, sin injerencias políticas.