La reforma electoral que impulsa Morena no puede analizarse como un simple ajuste técnico ni como una discusión presupuestal. Estamos frente a un proyecto político cuyo objetivo es alterar las reglas de la competencia democrática para asegurar la permanencia de un grupo en el poder. Por eso resulta pertinente hablar de dos caras de una misma moneda: la ley Maduro y la ley Narco.
El origen de esta reforma es ya por sí mismo problemático. No surge del Congreso ni de un acuerdo plural entre fuerzas políticas, sino de una comisión presidencial encabezada por un militante del partido gobernante. En cualquier democracia funcional, quien gobierna no diseña las reglas del juego electoral mientras participa en él. Cuando el Ejecutivo pretende ser legislador, árbitro y competidor al mismo tiempo, la reforma nace viciada y carente de legitimidad democrática.
La llamada ley Maduro describe con precisión el método que se intenta replicar: capturar las instituciones desde la ley para vaciar la democracia sin romper formalmente el orden constitucional. El sometimiento del INE (ya de por sí debilitado), la centralización de funciones electorales y la eliminación de contrapesos legislativos no son accidentes ni errores técnicos. Son piezas de un diseño que busca un árbitro subordinado al poder político y Congresos dóciles, construidos mediante mayorías artificiales.
El ataque a la representación proporcional es un ejemplo claro. Eliminar plurinominales no abarata la democracia ni la hace más eficiente, la vuelve menos plural y más autoritaria. Resulta además incongruente que quienes hoy impulsan su desaparición hayan llegado al poder precisamente gracias a ese mecanismo. No se trata de corregir excesos, sino de cerrar la puerta a la diversidad política una vez que dejó de serles útil.
A ello se suma un problema aún más grave: la sobrerrepresentación fraudulenta. En 2024 se torció la ley para fabricar una mayoría calificada en el Congreso sin respaldo ciudadano real. Con menos de 55% de la votación, Morena y sus aliados controlan más de 74% de la Cámara de Diputados. Esa distorsión es el corazón de la ley Maduro: usar la legalidad para despojar de sentido al voto.
La ley Narco completa el cuadro. El discurso oficial sobre reducir el financiamiento público no busca limpiar la política, sino legalizar lo que ya ocurre en la oscuridad. Morena se opuso históricamente a recortes cuando le afectaban; hoy los promueve porque ha construido fuentes paralelas de financiamiento. Los señalamientos, sanciones internacionales, investigaciones por huachicol fiscal y vínculos con estructuras criminales no son anécdotas aisladas, sino síntomas de una normalización peligrosa.
Reducir recursos legales, debilitar la fiscalización y controlar al árbitro no combate el dinero ilegal, lo institucionaliza. Cuando el miedo, el dinero sucio y el control territorial deciden elecciones, la democracia deja de ser libre.
No es una reforma más. Hoy está en juego la posibilidad misma de elecciones auténticas. El PAN ha planteado alternativas claras: fortalecer al árbitro, regular la sobrerrepresentación, modificar las diputaciones plurinominales a fin de que surjan de los segundos más votados, anular elecciones con intervención criminal y cerrar la puerta al dinero ilícito. No es oposición ciega, es defensa democrática.
Las elecciones se ganan en las urnas, no desde el gobierno, no con árbitros capturados ni con dinero del crimen organizado. Lo que hoy se discute no es una reforma, es el futuro de nuestra democracia. Se define si el voto ciudadano seguirá teniendo poder o si nos convertiremos en un régimen donde la ley se usa para impedir la alternancia.
