En la última semana, el problema con ICE dejó de ser —si es que alguna vez lo fue— una discusión técnica sobre migración y se volvió una pregunta más básica: ¿qué tipo de Estado puede ejercer la fuerza sin límites? En varias ciudades, la escena se repite con un aire de rutina: agentes federales encapuchados o con el rostro cubierto, gas pimienta y golpes, armas apuntadas a quienes filman, detenciones ilegales, ciudadanos asesinados.
Ese detalle —el rostro cubierto— importa más que el gesto. Porque no es uniforme, sino estructura. Un Estado que se cubre el rostro se está entrenando para no rendir cuentas. Y cuando esa práctica se normaliza en una democracia, no hace falta invocar analogías históricas extremas para entender el riesgo. Basta con observar lo que ocurre cuando el poder descubre que puede ejercer coerción sin nombre, sin identificación clara y sin supervisión inmediata.
Los excesos recientes no son rumores: se han documentado en el espacio público y en tribunales. Time reportó el caso de un niño de cinco años detenido junto con su padre en Minnesota, así como la orden de un juez federal, Fred Biery, para liberarlos, acompañada de una resolución severa sobre el modo en que se ejecutó la detención. En Chicago, el alcalde emitió una orden ejecutiva para que la policía local investigue y documente presuntas ilegalidades de agentes federales, incluyendo preservación de video, identificación de mandos y reporte de violaciones.
La democracia no se quiebra sólo por lo que decide un gobierno; también por cómo aprende a ejecutarlo. Y no es que la política migratoria no importe —todo lo contrario—, pero en democracia los medios son tan relevantes como los fines. Si el método se vuelve impune, la política se vuelve peligrosa, aun cuando su objetivo fuera legítimo.
Lo que hoy alarma con ICE no es sólo el número de operativos, sino el estilo: anónimo, agresivo, espectacular, diseñado para circular. Reuters habló de confrontaciones violentas y de agentes enmascarados bajo órdenes de intensificar las deportaciones. El Baker Institute for Public Policy señaló que estos métodos están conmocionando a más estadounidenses conforme operaciones antes concentradas en el sur se desplazan hacia el interior y el norte del país.
The Guardian documentó incidentes en Minnesota y la disputa judicial en torno a medidas para frenar represalias y usos de fuerza contra observadores y manifestantes. The Washington Post reportó el deterioro de la relación federal-local y el contraste entre reformas policiales locales y un despliegue federal percibido como más duro y menos controlable.
La reacción de Chicago es definitiva: no es “santuario” como consigna, sino un intento de reconstruir mecanismos básicos de trazabilidad —quién, cuándo, dónde, bajo qué fundamento, con qué evidencia—. Cuando una ciudad tiene que diseñar protocolos para documentar presuntas ilegalidades de agentes federales, algo ya se desplazó: la excepcionalidad se volvió cotidiana.
Cuando el Estado actúa sin identificarse, también dificulta la denuncia, la prueba, el litigio y la sanción. Y cuando esa práctica se combina con una política polarizada y con incentivos de espectáculo —“mostrar mano dura”, viralizar operativos, exhibir capturas—, la tentación es estructural: la fuerza empieza a comportarse como instrumento de política cultural.
La erosión democrática rara vez se anuncia con una proclama. Se expresa con “ajustes” que parecen administrativos, con “nuevas unidades” para “nuevos desafíos”, con lenguajes de crisis. En ese punto, lo que conviene mirar no son las intenciones declaradas, sino el diseño institucional, porque es lo que habla.
Una democracia madura no necesita ocultar el rostro de quienes ejercen la fuerza. Un gobierno seguro de su legitimidad no necesita multiplicar dispositivos opacos para sostener el orden. Y un Estado de derecho no tolera cuerpos de coerción que nacen, literalmente, sin rostro.
