Este mes se presentará la iniciativa de reforma electoral. Será la primera vez, desde los años 70 del siglo pasado, en que el planteamiento venga desde el Poder Ejecutivo y sin acuerdo con la oposición.
Es verdad que el PAN y MC se mueven con la idea de encontrar vías con las que se pueda participar: los primeros se dicen abiertos a la reducción del presupuesto, a la designación de los segundos lugares en los distritos, y los naranjas quieren que la edad para votar sea desde los 16 años.
El PRI, en cambio, se mantiene firme en su rechazo a una reforma que consideran que será nociva y debilitará la democracia.
Hasta ahora, no se conocen los términos de la propuesta que elaborará la comisión presidencial, porque encontraron resistencias en el PT y el Partido Verde, que no ven con buenos ojos la reducción de los diputados y senadores plurinominales.
Hay mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en las que han llegado a participar Manuel Velazco y Alberto Anaya, pero aún no existe un acuerdo que no arriesgue su aprobación.
Tampoco hay mucho afán por congraciarse con los legisladores, a los que consideran una oficialía de partes. Es factible que Ignacio Mier y Ricardo Monreal se enteren de lo que tienen que aprobar en el momento mismo en que surja la indicación desde Palacio Nacional.
Con la oposición, la genuina, no hay conversaciones, pero ya no es seguro que {esta se mantenga unida, como sí lo hizo durante los otros intentos de reforma, que su impulsor, López Obrador, bautizó como A, B y C.
¿Qué ocurrió en los últimos meses? Es probable que las dirigencias de los partidos estén pensando en el corto plazo, en las elecciones de 2027 y que lo hagan bajo la premisa de que la gente no entiende lo que está en juego y que es muy difícil enfrentar la mala imagen que tienen los diputados plurinominales, aunque ésta sea debida a una intensa campaña lanzada desde el poder.
Mucho más difícil es remontar el argumento del supuesto ahorro al cortar los presupuestos para los partidos, olvidando que el financiamiento público permite la pluralidad, alienta la política e impide que grupos de interés, algunos de ellos criminales, se apropien de proyectos y candidaturas.
Legitimar la reforma puede dar algún dividendo momentáneo, pero el costo democrático puede ser irreversible.
