La inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, El Insurgente, fue presentada como un hito de movilidad metropolitana, pero detrás del acto protocolario se esconde una historia que hasta hoy es el sello de Morena: sobrecostos monumentales, retrasos injustificables, negligencias constructivas y una normalización peligrosa de la mala obra pública.
Hoy en México la obra pública se mide por el acto de inauguración y no por su calidad, su costo real ni el respeto al dinero público. Que por fin el tren funcione no lo absuelve de la ineficiencia con que fue construido ni de lo que costó; apenas lo vuelve utilizable después de años de errores y despilfarro.
El proyecto fue concebido en 2014 con un presupuesto inicial cercano a los 40-45 mil millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de 4 a 5 años. La realidad fue otra: 12 años de construcción y un costo final de entre 110 y 140 mil millones de pesos, es decir, prácticamente el triple de lo proyectado.
En términos de costo por kilómetro, el contraste internacional es revelador. Con cerca de 58 km de longitud, El Insurgente terminó costando alrededor de 55-60 millones de dólares por kilómetro. En Europa y Asia, líneas interurbanas comparables suelen ubicarse entre 20 y 40 millones de dólares por kilómetro, con plazos de construcción de entre 5 y 7 años. En pocas palabras, China, España o Japón no solo construyen más rápido y más barato, sino mejor y con menos improvisación.
El problema no fue sólo el dinero ni el tiempo, sino la forma en que se construyó. Durante el proceso se registraron múltiples incidentes atribuibles a descuidos de las constructoras y a una supervisión deficiente: colapsos de estructuras, caída de dovelas, accidentes laborales graves —incluida la muerte de trabajadores— y daños materiales a vehículos y viviendas. Vecinos denunciaron grietas, vibraciones y afectaciones estructurales en casas, sin que las obras de mitigación prometidas se cumplieran.
El problema no es sólo que El Insurgente haya costado el triple o tardado más del doble en construirse. El problema es que nadie va a pagar por ello, ni por los accidentes, ni por las casas dañadas.
Este patrón no es anecdótico, es coherente con una cultura de obra pública de la que México ya conoce las consecuencias: trenes que se descarrilan, metros que colapsan y líneas que fallan a semanas de su apertura. El Insurgente se inserta en ese historial incómodo donde el discurso del progreso tapa la falta de rigor técnico. Hablan de movilidad, justicia social y transformación, pero la realidad es que en México la obra pública se convierte en una zona de impunidad donde el dinero desaparece, las fallas se normalizan y la responsabilidad se diluye entre discursos. Se instaura una cultura política que confunde propaganda con resultados y que convierte el dinero público en un barril sin fondo de desvíos. Hoy el tren corre pero la pregunta relevante es cuánto costó que corriera, cuánto tardó en hacerlo y cuántos errores —evitables— se encubrieron en el camino.
El Insurgente no descarriló en las vías, descarriló en la ética de la obra pública. En lugar de un proyecto emblemático terminó siendo emblema del despilfarro, la negligencia y la falta de transparencia. Y mientras inaugurar siga siendo más importante que hacer bien las cosas, y hacerlas mal no tenga consecuencias, no habrá tren —por moderno que se anuncie— que nos lleve a un mejor destino.
