Estamos en vísperas de lo que muchos han denominado “el último clavo del ataúd de la democracia”: la reforma electoral del régimen. Esta es la reforma que temíamos y que sabíamos llegaría tras la reforma judicial, la señal clara de que la tiranía se perfecciona. Es la reforma que Andrés Manuel López Obrador quiso impulsar sin éxito durante su gobierno, cuando todavía existían equilibrios en el Congreso, una Suprema Corte independiente y profesional, y un ánimo ciudadano capaz de defender al INE; ese equilibrio institucional y una elevada participación ciudadana frenaron su impulso autoritario.
Hoy el panorama ha cambiado radicalmente. No existe institución capaz de frenar la voluntad de un régimen hegemónico. Para lograrlo, se aliaron con quienes necesitaban, ganaron los procesos electorales de 2024 al costo que fuera —recurriendo a todas las artimañas posibles— y se hicieron de mayorías calificadas en las cámaras, abusando de la sobrerrepresentación en Diputados y cooptando senadores, tras una previa colonización del INE y de la Sala Superior del TEPJF.
Lo reconoció en un arranque de franqueza cruda Reginaldo Sandoval, líder parlamentario del PT, partido aliado de Morena, quien declaró: “No se necesita una reforma electoral porque ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial”. Tiene razón: concentran todo el poder. Su desafortunada pero realista declaración revela la verdadera intención del régimen: no se busca mejorar el sistema democrático, sino consolidar y asegurar el control absoluto.
Para vestir esta ambición de legitimidad, el gobierno recurrió a una estrategia típica. Primero, integró una “comisión electoral” mediante decreto presidencial, compuesta por siete incondicionales —ningún experto en la materia—. Luego, simuló foros de consulta, un mero trámite para justificar lo ya decidido.
Si la integración de la comisión electoral ofende, la forma de construir la propuesta ofende aún más. No se consultaron voces técnicas ni hubo diálogo con otras fuerzas políticas. El régimen pretendía que todos los interesados acudieran a su puesta en escena para terminar de legitimar su golpe; no fue así.
Al día de hoy no conocemos la iniciativa porque los aliados menores de Morena, el PT y el PVEM, vieron tocados sus intereses. Sin sus votos en las cámaras, la reforma no prosperará. Ahora resulta que el futuro democrático del país está colgado de los intereses de estos dos partidos que sólo se han servido a sí mismos.
Por eso hay una batalla que nos une, o que nos debería unir a todos los demócratas del país, sin importar en qué parte del espectro político se encuentren, si militan o no en un partido, si son ciudadanos de a pie o distinguidos académicos: esa batalla es la defensa de la democracia y el freno a la regresión autoritaria.
Porque cualquier reforma constitucional en un sistema que se dice democrático reside no sólo en su contenido técnico, sino en el proceso que la gesta. Una reforma —especialmente una que altera los cimientos de la convivencia política como la electoral y que busca debilitar al órgano que organiza los comicios— que nace de un solo interés, se redacta en un solo círculo y se impone con los votos de mayorías ilegítimas, no es una reforma: es una imposición.
El peligro más profundo y letal de esta iniciativa no radica únicamente en sus artículos específicos (los cuales, por la mezquindad del régimen, aún no conocemos), sino en el autoritarismo del método.
Frente a la reforma electoral desde el poder y para el poder, se han construido diversos esfuerzos ciudadanos. A uno ya le dediqué un texto: la iniciativa de reforma “Salvemos la Democracia”, construida por más de 188 mil ciudadanos, la cual será discutida en la Cámara de Diputados junto con la iniciativa presidencial.
Un nuevo esfuerzo en código democrático se acaba de anunciar: el Frente Amplio Democrático, el cual nace por la convocatoria de diversos intelectuales y activistas que llaman a toda la ciudadanía a unirse en defensa de lo que ya construimos durante décadas y que no debe ser tocado si no es para mejorarlo. Es un llamado para poner un alto a cualquier retroceso democrático y que menciona entre sus objetivos:
- Elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia.
- Autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales.
- Representación legislativa proporcional al voto ciudadano.
La batalla que nos une es clara: defender lo que queda de un sistema imperfecto, pero construido con consenso y experiencia. Frente a una reforma que busca el control total, sólo la vigilancia ciudadana, la denuncia constante y la unidad democrática podrán preservar los espacios de libertad que aún existen.
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