Tras la transferencia de las funciones del extinto Coneval al INEGI, nos encontramos ante un escenario donde la fortaleza técnica convive con una vulnerabilidad política latente. Si bien en su inaugural reporte de pobreza multidimensional de 2024 el INEGI ofreció replicar la metodología heredada del Coneval, lo que ayudó a reducir las suspicacias, lo cierto es que este "heredero" no está exento de la obligación de perfeccionar el modelo. No obstante, aquí reside la paradoja: cualquier ajuste metodológico que resulte en una disminución de las cifras de pobreza —como ocurrió con los cambios prematuros introducidos en dos de las seis carencias sociales en las mediciones de 2024— es interpretado bajo la lupa de la sospecha.
Históricamente, el Coneval consolidó su prestigio gracias a su transparencia y solidez metodológica y a una regla de periodicidad decenal para la actualización de sus metodologías que inició en 2008 y se actualizó en 2018 y que tocaría renovar en 2028. Esta cadencia no era caprichosa, ya que permitía un equilibrio entre la pertinencia de los indicadores ante la evolución social, que demanda ajustes periódicos a la metodología, y la estabilidad necesaria para poder hacer comparaciones razonables a lo largo del tiempo. Actualmente, la responsabilidad de decidir cuándo y cómo transitar hacia una nueva versión metodológica recae directamente en el INEGI.
La diferencia más preocupante entre el modelo anterior y el actual reside en la estructura de toma de decisiones. Mientras que en el Coneval las definiciones técnicas emanaban de un Consejo Académico integrado como Comité Directivo, compuesto por investigadores independientes, afiliados a centros de educación superior, y altamente especializados en medición de pobreza y evaluación de programas sociales; en el INEGI las decisiones de alto nivel corresponden a su Junta de Gobierno, cuyos integrantes son propuestos por la Presidencia de la República, con perfiles que en general distan de los que habrían resultado idóneos para dirigir el Coneval, para quienes el de la medición de la pobreza es apenas uno más entre la abrumadora cantidad de responsabilidades de medición estadística y geográfica que tienen asignada.
Ante estas circunstancias resulta imperativo blindar la credibilidad institucional y minimizar las suspicacias sobre la imparcialidad de las mediciones, por lo que se hace necesario que el INEGI establezca un Consejo Académico Directivo especialmente destinado a gobernar la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, que goce de tanta autonomía técnica como sea posible. Este órgano debería emular el formato colegiado del extinto Coneval, sirviendo como un contrapeso experto frente a la Junta de Gobierno del instituto.
En última instancia, la estadística oficial es un bien público. Su valor no reside sólo en el dato, sino en la confianza de que dicho dato no ha sido moldeado por la mano del poder. El INEGI tiene ante sí el reto de demostrar una vez más que su robustez técnica es capaz de resistir las presiones de la coyuntura política y tiene en sus manos la posibilidad de dar señales muy claras en ese sentido. Por el bien del INEGI y del país, deseo que así sea.
