En noviembre de 2011 un excompañero de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California me buscó con insistencia. En ese momento yo tenía la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Mi agenda rondaba las dieciséis horas diarias. Aun así, después de varios intentos, accedí a tomar un café con él en mi oficina.
Fue directo, sin rodeos. Me dijo que tenía una relación cercana con el dirigente de Morena en Baja California y que le habían propuesto ser candidato a diputado en las elecciones de 2012.
Mi reacción fue de sorpresa. Nunca se había distinguido por el activismo político. Le respondí con franqueza que para eso se necesita tiempo, estructura y recursos. Le pregunté cómo pensaba hacerlo y con qué apoyo económico lo respaldaría el partido.
Su respuesta fue inmediata, casi automática. La única condición es que yo ponga el dinero de la campaña.
Volví a preguntarle, quizá con ingenuidad. ¿Y de dónde lo vas a sacar?
Me miró sin titubeos. De donde sea.
Con el tiempo entendí que esa frase no era una anécdota. Era una doctrina. Aceptar dinero de donde venga, sin preguntar su origen, terminó legitimando una idea devastadora. En la política morenista, y en otras aunque hoy Morena sea el caso más visible, no importa la forma, importa ganar. A como dé lugar.
Ese de donde sea es la clave para entender lo que ha ocurrido en amplias regiones del país desde 2017. Fue la llave que abrió, de par en par, la puerta del control político e institucional a organizaciones criminales que ya no sólo disputan territorios, sino presupuestos, elecciones y gobiernos completos. En México operan al menos 175 organizaciones criminales. A partir de 2018 muchas encontraron algo mejor que las armas. Candidaturas.
No se trató sólo de tolerancia u omisión. En múltiples regiones se formalizó de facto una convivencia política con el crimen. Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Colima. Pero también Baja California, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Y probablemente todas las entidades, al menos en aquellos municipios donde el control institucional siempre fue frágil.
Quienes se sorprenden por la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, viven aferrados a la fantasía de que nuestras instituciones son lo suficientemente sólidas para distinguir siempre y a tiempo entre lo lícito y lo criminal. No lo son. Nunca lo fueron del todo. Y menos cuando el dinero sucio se volvió combustible electoral.
El caso de Tequila no es una excepción. Es un síntoma. Representa a una generación de políticos exitosos que accedieron al poder gracias a la bursatilización de la política. Invertir para ganar, ganar para recuperar, recuperar para multiplicar. La elección como negocio. El cargo como activo. El Estado como botín.
Aplaudir desde Palacio Nacional la detención de uno de estos personajes es como felicitar a un estudiante que, después de reprobar todo el curso, pasa un examen extraordinario. No es éxito. Es evidencia del fracaso previo.
Desde Tijuana hasta Chetumal las historias se repiten con una similitud inquietante. Con tal frecuencia que ni a la Fiscalía General de la República le alcanzaría el tiempo ni los recursos para desmantelar la red de complicidades que permitió esta captura política del territorio. Porque el problema no es un alcalde. Es el sistema que los produjo.
Los empresarios de Tequila dieron una lección que incomoda. Señalar, denunciar, asumir costos y romper el silencio. Así se empieza a limpiar una fosa séptica. Llamando al olor por su nombre.
Mientras sigamos aceptando el de donde sea como método, el crimen no necesitará derrocar al Estado. Le bastará con financiarlo.
