El Partido Acción Nacional ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma electoral tan simple como contundente: si se comprueba que una campaña recibió dinero del crimen organizado, la elección se anula y se cancela el registro del partido involucrado. Sin matices, sin excepciones, así de claro.
Y precisamente por eso la pregunta es inevitable: ¿qué pasaría hoy si esa reforma ya estuviera vigente?
La respuesta obliga a mirar de frente una realidad que el poder insiste en negar. La semana pasada fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, militante de Morena, acusado por autoridades federales de presuntos vínculos con el crimen organizado y de extorsión a empresarios tequileros. No se trata de versiones periodísticas ni de filtraciones anónimas, se trata de una detención formal, con investigaciones en curso. Y aunque hoy políticos y dirigentes de Morena se deslindan de este personaje, ayer pidieron el voto por él. Las fotos y videos de campaña no se borran.
Cabe señalar que este no es un hecho aislado. En el Estado de México, la llamada Operación Enjambre ha derivado en la detención e investigación de autoridades municipales por presuntos nexos con grupos criminales. Entre los casos más graves está el de la alcaldesa de Amanalco, también militante de Morena, María Elena Martínez Robles, señalada por posibles vínculos con organizaciones delictivas. De nuevo: no son rumores, no es “guerra sucia”, son expedientes abiertos, detenciones y procesos judiciales.
El caso de Tequila añade además un elemento inquietante. Tras la detención del exalcalde Diego Rivera, el cabildo de Tequila designó como su sustituta a Lorena Rodríguez, colaboradora cercana del edil detenido y parte de su equipo político. Es decir, en Tequila no hubo ruptura, hubo continuidad. El mensaje es clarísimo: el poder local no se limpia, se hereda.
Ahora imaginemos —sólo imaginemos— que la reforma que propone el PAN ya estuviera vigente y que, como parte de las investigaciones, se acreditara que esas campañas fueron financiadas con dinero criminal. La consecuencia sería inevitable: elecciones anuladas y pérdida de registro del partido, se tendría que llamar a nuevas elecciones y sin Morena.
Por eso esta propuesta molesta tanto al poder, porque es un espejo que refleja una verdad que muchos prefieren no ver: la penetración del crimen organizado en la política local y regional, o mejor dicho, el narcogobierno que representan muchos actores de Morena. El problema no es la ley, sino lo que ésta revela.
Este es el espejo que tanto les incomoda: si el dinero criminal entra a la política y no pasa nada, si el crimen organizado puede financiar campañas, imponer candidatos y después operar sin que nadie los moleste, entonces ya no gobiernan los partidos y ya no manda la ley. Gobierna la impunidad, el miedo, el dinero sucio. Aquí está el fondo del debate.
La reforma que propone el PAN no crea el problema, lo expone. Y quizá por eso han decidido ignorarla, porque si se aplicara con rigor, muchos de los que hoy se dicen intocables tendrían que rendir cuentas, incluso —y sobre todo— quienes hoy ostentan el poder.
