Un video de la campaña morenista de 2024 se ha viralizado en redes sociales. En él, la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, sonriente y entusiasta, pide el voto a favor de Diego Rivera, candidato a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco. La hoy presidenta invita a la gente a apoyarlo no sólo por tratarse de la tierra de la “bebida de los dioses”, sino por las obras prometidas. A su lado, un sonriente y satisfecho Rivera asiente, mientras Sheinbaum concluye con este llamado: “Este 2 de junio vota por los candidatos de nuestro movimiento”.
Sin embargo, desde 2021 pesaban sobre Rivera graves señalamientos, conocidos en toda la región. Se le vinculaba con el secuestro de dos precandidatos de su mismo partido a la alcaldía de Tequila, un intento por eliminarlos de la contienda electoral. No sólo eso, acumulaba denuncias por desvío de recursos durante su etapa como tesorero municipal, ostentaba lujos desmedidos y presumía que su patrón era El Mencho —fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, entre otros antecedentes penales. A pesar de ello, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) permitió su participación, y alguien decidió llevar a la candidata presidencial a respaldarlo.
Hoy, Tequila vuelve a ser noticia, no por la fama de su destilado emblemático, sino porque recientemente se confirmó que era gobernado por un narcoalcalde que secuestraba, extorsionaba, despojaba, cobraba piso, asesinaba, amenazaba… y perpetraba un largo catálogo de delitos mediante una estructura formal dentro del ayuntamiento al servicio del CJNG.
La detención de Rivera por la Secretaría de Seguridad Ciudadana parecía una buena noticia, hasta que se supo que la presidenta interina que lo suplió es correligionaria de su mismo grupo político y criminal.
Más allá del futuro de ese rincón del país, no puede omitirse que su arresto es una excepción. México cuenta con 2,462 municipios y 16 alcaldías. ¿Cuántos de ellos están bajo el control del crimen organizado? ¿Cuántas autoridades colaboran activamente con los delincuentes?
En el estado vecino de Michoacán desearían tener algo de la suerte y la atención que reciben las grandes empresas tequileras de renombre internacional. Allí sólo caen eslabones menores de las bandas delictivas; ninguna autoridad aprehende a alcaldes. Son los propios grupos criminales quienes se encargan de ellos.
En los últimos cinco años, han asesinado a siete ediles. Uno de ellos fue Carlos Manzo, quien desde la presidencia municipal de Uruapan denunció reiteradamente las amenazas en su contra y el sufrimiento de su pueblo debido al cobro de piso, los secuestros, los homicidios y el acoso constante hacia los productores de aguacate. Su viuda señaló directamente como responsables a varias figuras del morenismo michoacano.
Las preguntas persisten: ¿A cuántos alcaldes los mataron por sus vínculos con el crimen? ¿A cuántos más por negarse a someterse a quienes azotan sus comunidades?
En Aguililla, Michoacán, zona productora de limón, todos sabían por quién tenían que votar el 2 de junio de 2024; no había alternativa. La elección municipal la ganó el PVEM, aliado de Morena, y Claudia Sheinbaum arrasó como candidata presidencial. Una joven profesionista de la localidad, anticipándose al resultado, me lo confirmó: “Ya le dieron la orden a todos los que pagan derecho de piso, a los limoneros, a la señora de la tiendita, hasta al negocio de mi papá. Ya sabemos quién va a ganar…”.
Alarma su relato, pero igual alarma la serenidad con la que añade: “Eso ya no va a cambiar, nadie puede terminar con este cáncer”.
Al escucharla, me pregunto —como desde hace años se pregunta cualquier ciudadano común de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas…— cómo resolver el grave problema en el que los narcopolíticos nos han sumido. ¿La Secretaría de Seguridad irá tras todos los alcaldes, secretarios, regidores, diputados, senadores y gobernadores impuestos por los grupos criminales?
Mary Beth Sheridan publicó recientemente en The New York Times un artículo que ofrece una posible respuesta: sostiene que la presidenta está atrapada y no logra desvincularse de la estructura criminal que la respalda; si lo hiciera, enfrentaría un estallido de violencia aún peor.
Por mi parte, va la última pregunta: ¿Romperá la presidenta el pacto criminal que la llevó a la Presidencia de México y que inició su padrino político, Andrés Manuel López Obrador? El tiempo dará la respuesta. Mientras tanto, poblaciones enteras viven un infierno.
