La Cámara Minera de México reveló que 97% de sus afiliados encuestados reportó haber sido víctima de algún delito de manera frecuente; la extorsión es el segundo en importancia
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La Cámara Minera de México reveló que 97% de sus afiliados encuestados reportó haber sido víctima de algún delito de manera frecuente; la extorsión es el segundo en importancia
Familiares de los mineros desaparecidos en Sinaloa reaccionaron ante la hipótesis del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de que fueron confundidos con miembros de un grupo criminal. Jaime Castañeda, hermano de José Manuel, una de las víctimas identificadas en una fosa clandestina, reiteró que lo primero que se les informó fue que un comando armado ingresó al campamento minero La Clementina y se los llevó con rumbo desconocido.
El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras calificó como indignante y una absoluta falta de respeto a las víctimas y sus familias la versión oficial de que los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa, y posteriormente hallados en una fosa clandestina, fueron confundidos con miembros de la Mayiza, facción antagónica de los Chapitos.
María Isabel Cruz Bernal, fundadora de esta agrupación que se ha dedicado a buscar víctimas en fosas clandestinas -en medio de la guerra entre los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo Zambada-, no da crédito a las palabras del secretario Omar García Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sostiene Cruz Bernal que “las extorsiones a las mineras, y ahora a todos los sectores, son el pan de cada día, no solo en Sinaloa, se han extendido a casi todo el país, y eso lo saben perfectamente las autoridades, cómo se atreven a decir que los mineros fueron confundidos con integrantes del crimen organizado, los sacaron del campamento, eso es indignante”.
Las palabras de María Isabel concuerdan con la realidad. Desde 2024 la industria minera advirtió al gobierno que era blanco frecuente de la delincuencia, particularmente de las extorsiones y de la inseguridad.
En su Informe Anual 2025, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) reveló que 97% de sus afiliados encuestados reportó haber sido víctima de algún delito de manera frecuente, ocupando la extorsión el segundo lugar en la incidencia -solo después del robo hormiga-, lo que hacía urgente la intervención gubernamental.
Tan solo para seguridad privada, el sector minero destinó en 2024 105.71 millones de dólares, cifra que proyectó que aumentaría a 108.76 millones de dólares al cierre de 2025, según el reporte de CAMIMEX.
Sin embargo, la inversión no frenó el acoso de la delincuencia organizada. La mañana del 23 de enero de 2026 un comando armado secuestró en el campamento minero La Clementina a un grupo de grupo de 10 personas, entre mineros, geólogos, ingenieros y personal operativo, contratados por la compañía canadiense Vizsla Silver Corp., para la cual trabajan en el Proyecto Pánuco.
María Isabel Cruz, madre buscadora, cuyo colectivo Sabuesos Guerreras, no solo excava la tierra en diversas regiones de Sinaloa, sino que brinda asesoría legal a familiares de desaparecidos, consideró una absoluta falta de respeto la versión oficial de que los 10 mineros fueron confundidos.
“El secretario García Harfuch está obligado a ofrecer una disculpa púbica, es indignante, es una ofensa para las víctimas y sus familias, que se les diga que no hubo extorsión o algo más, cómo es posible que hayan confundido a esta gente trabajadora con miembros de la delincuencia.
“A uno de ellos hasta se lo llevaron cuando se encontraba en la parada del autobús, no es posible que digan que hubo una confusión. Aquí todos sabemos que la guerra que mantienen grupos rivales los ha llevado a cometer más delitos para obtener recursos y sostener su guerra”, asegura María Isabel, quien busca a su hijo Yosimar desde el 26 de enero de 2017, cuando un comando armado lo sacó de su casa.
La mañana de este martes, Omar García Harfuch informó que las primeras declaraciones de cuatro personas detenidas por el Ejército en relación con el secuestro de los trabajadores mineros refieren que “que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”. Es decir que fue el grupo de los Chapitos creyendo que se trataba de miembros de la Mayiza.
Por su parte, Jaime Castañeda, hermano de José Manuel -cuyo cuerpo fue recuperado junto con otros mineros de una fosa clandestina-, dijo que la empresa les informó que un comando armado ingresó a La Clementina y los sacó del lugar con rumbo desconocido.
José Manuel le comentaba que reiteradamente suspendían actividades en la compañía, debido que era bastante complicada la situación de inseguridad en la zona.
Incluso, mandaban a los empleados a sus casas para que laboraran desde ahí; en el caso de José Manuel Castañeda en su domicilio de Taxco, Guerrero, comentó Jaime en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Sostuvo que al parecer Vizsla Silver Corp. nunca presentó una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos y se limitó a notificar a través del número de emergencias 911.
Afirmó que las familias pasan por un momento desgarrador y exigió justicia porque esas situaciones no se deben normalizar.
En su informe anual 2025, la CAMIMEX señala que es indispensable colaborar con los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de seguridad pública en las zonas mineras.
“Aunado a la problemática de inseguridad que afecta ciertas regiones del territorio nacional, la naturaleza de la industria minera, al ubicarse sus operaciones en zonas alejadas de la urbanidad, la convierte en un blanco susceptible a la inseguridad teniendo que enfrentar delitos de diversa índole, desde el robo en instalaciones, hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas”.
Según sus estimaciones, los delitos que afectan al sector representan hasta 5% de los costos totales y hasta 7% en mermas, afectando además las condiciones de inversión y la competitividad de la industria.
“Basta decir que las condiciones de seguridad es otra de las variables que evalúa la encuesta anual del Instituto Fraser, y para México resulta que es la variable peor evaluada, en la que se ubicó en el lugar 84 de 86 jurisdicciones consideradas en 2023. Por tanto, el reto es generar un acercamiento con las autoridades responsables de la seguridad y establecer mesas de trabajo permanentes en las que se puedan atender los casos específicos tanto para poder atender las denuncias como para generar condiciones de prevención que contribuyan a reducir la incidencia delictiva que afecta al sector”.
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