Desde la administración de López Obrador, en el marco de la austeridad y de la ley expedida para tal fin, se ha venido planteando la necesidad de ajustar el gasto y reestructurar la Administración Pública Federal. Ello justificó la reducción de recursos a las dependencias federales y la desaparición de diversos entes públicos y, especialmente, de ciertos organismos constitucionalmente autónomos.
Bajo una reforma de “simplificación orgánica” cuyo objeto mencionado fue “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF) con el fin de eficientar (sic) los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales”, se llegaron a eliminar, fusionar y reducir tanto unidades administrativas, como órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia entidades o entidades de la APF.
En el caso de los organismos autónomos se observó que llevaba dedicatoria, INE e Inai, por ejemplo; el argumento de que tuvieran más recursos que el Poder Legislativo y de algunas secretarías de Estado, no consideraba el tipo y amplitud de sus funciones, ni representaba un ahorro significativo de recursos públicos. La simplificación contempló la eliminación de estos organismos autónomos: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredi). La reforma administrativa también fusionó o desapareció siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas.
En el apartado del PEF correspondiente a los ramos autónomos, se observa que, en pesos constantes de 2026, en 2018 había ocho ramos que contaban con 172,043 millones de pesos; para 2026, quedaron cinco ramos con 131,432 mdp, una caída de 23.6% real. Más aún, contra 2025 la caída anual fue de 9.5% real. No hay que perder de vista que dentro de estos se encuentran el Poder Legislativo y el Poder (¿?) Judicial. Al mismo tiempo, los ramos administrativos (básicamente dependencias del Ejecutivo federal) incrementaron en esos ocho años sus recursos en 68% real, pero sólo nueve de 29 ramos cuentan con una mayor asignación. ¿Dónde quedó el recurso y el verdadero poder?
