La delincuencia organizada en México no es únicamente un problema de seguridad pública: es una crisis de Estado. Su impacto no se limita al incremento de homicidios o a la circulación de drogas; se manifiesta también en la extorsión cotidiana, la captura de gobiernos locales, el debilitamiento del sistema de justicia y el control territorial de regiones completas. En este contexto, la respuesta pública no puede depender de operativos esporádicos o de estrategias centradas en detenciones sin investigación sólida. En cambio, se requiere una política integral que ataque simultáneamente la capacidad financiera, logística e institucional de las organizaciones criminales, sin renunciar al marco constitucional de derechos humanos.
La naturaleza de la delincuencia organizada se explica por su estructura de red. No opera como una banda aislada, sino como un sistema que integra operadores financieros, células armadas, reclutadores, enlaces con autoridades y mercados ilícitos. Su persistencia depende de cuatro pilares: dinero, impunidad, reclutamiento y protección institucional. Por ello, una estrategia efectiva debe concentrarse en romper esos pilares mediante inteligencia criminal, persecución patrimonial, fortalecimiento policial, justicia eficiente, control penitenciario, prevención social y combate a la corrupción.
En primer lugar, la inteligencia debe convertirse en el eje rector de la política de seguridad. La persecución del delito no puede seguir guiándose por reacción o por despliegue territorial sin objetivos. Se propone consolidar un Centro Nacional de Inteligencia Criminal que opere con análisis de redes, mapas de calor delictivo, patrones de extorsión y rastreo de operadores clave. Este enfoque permite identificar no sólo a los líderes visibles, sino a quienes sostienen la operación: quienes lavan dinero, coordinan logística, reclutan o filtran información desde instituciones públicas. Esta medida es compatible con el marco constitucional, particularmente con el artículo 16, que exige legalidad y control judicial en actos de investigación, y con el artículo 21, que define la seguridad pública como función del Estado.
En segundo lugar, la persecución financiera debe ser prioritaria. Las organizaciones criminales no sobreviven por su capacidad armada, sino por su capacidad económica. En este punto, la Ley Nacional de Extinción de Dominio constituye una herramienta central: permite afectar bienes derivados de actividades ilícitas y reducir la capacidad de reinversión criminal. El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y de unidades patrimoniales en fiscalías estatales y federal permitiría rastrear flujos, empresas fachada y redes de lavado. Además, sectores de alto riesgo —casinos, gasolineras, transporte, construcción o casas de cambio— requieren auditoría focalizada. La lógica es simple: sin dinero, el crimen organizado pierde capacidad de compra de armas, pago de nóminas y control territorial.
Sin embargo, inteligencia y finanzas no bastan si la policía permanece débil o infiltrada. La reforma policial debe ser un tercer eje indispensable. México no puede aspirar a reducir sostenidamente la violencia si sus policías locales carecen de salario digno, carrera profesional, certificación continua y controles anticorrupción. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece el marco para la homologación, certificación y coordinación entre niveles de gobierno. Asimismo, la implementación obligatoria de tecnologías —cámaras corporales, GPS en patrullas y registro digital de detenciones— mejora la rendición de cuentas y reduce la discrecionalidad. En términos legales, estas acciones se complementan con la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que buscan garantizar actuaciones trazables y compatibles con derechos humanos.
Un cuarto eje es el fortalecimiento del sistema de justicia. La impunidad es el principal incentivo del crimen organizado. Por ello, no basta con detenciones: se requiere investigación científica y litigación sólida. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite estructurar investigaciones con cadena de custodia, pruebas periciales y control judicial, pero su efectividad depende de capacidades reales en ministerios públicos, peritos y policías de investigación. La política pública debe priorizar la calidad de las carpetas, el tiempo de integración y la tasa de sentencias. En paralelo, es indispensable la protección de jueces, ministerios públicos y testigos, pues la violencia contra operadores de justicia es un mecanismo frecuente de control criminal.
Un quinto componente es la recuperación territorial. En municipios donde el crimen ha sustituido funciones estatales —cobro de “derecho de piso”, control de transporte o vigilancia armada—, el Estado debe intervenir con presencia permanente y no con operativos breves. Estas intervenciones deben ser integrales: seguridad, depuración institucional, servicios públicos y reactivación económica local. La coordinación se sustenta en el artículo 115 constitucional, que asigna responsabilidades municipales, y en la lógica del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La extorsión merece un tratamiento específico como sexto eje. Es uno de los delitos más destructivos para la vida cotidiana, pues afecta directamente a comerciantes, transportistas y familias. Una estrategia nacional requiere homologación del delito, protocolos de rastreo, congelamiento de cuentas y protección real a víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas. En muchos casos, la extorsión es el mecanismo mediante el cual el crimen financia su presencia local; combatirla reduce el control social y económico.
El séptimo eje es el sistema penitenciario. En México, múltiples cárceles funcionan como centros de operación criminal. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece bases para separación de internos, control de comunicaciones ilícitas y gobernabilidad. La intervención penitenciaria debe incluir bloqueo tecnológico, control de custodios y unidades de inteligencia penitenciaria.
Finalmente, la política no será sostenible sin combate frontal a la corrupción. La delincuencia organizada no se expande solo por fuerza: se expande por protección institucional. Auditorías patrimoniales, fortalecimiento de fiscalías anticorrupción y sanciones visibles son indispensables bajo el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin castigo a redes de complicidad, cualquier avance en seguridad será temporal.
En conclusión, combatir la delincuencia organizada en México exige una estrategia integral y legalmente sustentada: inteligencia, persecución financiera, reforma policial, justicia eficaz, recuperación territorial, combate a la extorsión, control penitenciario, prevención social y anticorrupción. El objetivo no es únicamente reducir delitos, sino reconstruir capacidades estatales y recuperar legitimidad. Sin un enfoque simultáneo, el crimen se adapta; con una estrategia estructural, el Estado puede recuperar el terreno perdido.
