Son Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas
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Son Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo orden de aprehensión en contra de dos exfuncionarios del primer círculo del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por un desfalco de 130 millones 239 mil pesos, a través de un esquema de pagos ilícitos a las empresas Grupo Octano, Centro Carretero San Jorge y Seguros El Potosí, para suministro de combustible y pólizas de seguro del parque vehicular.
Los mandamientos judiciales fueron girados en contra de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas -ya preso-, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, señala la orden de aprehensión a la que La Aurora de México tuvo acceso.
La juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, Yaksi Alquicira Vázquez determinó que la titular de la Fiscalía Especial en hechos de Corrupción relacionados con el Sistema Financiero y Áreas de Riesgo, María Isabel Molina, aportó los datos de prueba suficientes respecto a la probable responsabilidad de los dos exfuncionarios en dicto ilícito.
La indagatoria señala que Patrón Reyes y Maldonado Mendoza solicitaron y autorizaron 87 transacciones financieras mediante las cuales pagaron ilícitamente 130 millones 239 mil pesos a las compañías mencionadas por servicios que no se comprobaron.
La carpeta de investigación de la FGR señala: “En este caso no existió contrato público a favor de las personas morales señaladas que justificara las erogaciones por concepto del servicio supuestamente prestado.
“Aunado a que no existe evidencia completa conforme la observación de la Auditoria Superior de la Federación que acreditara que los servicios se ejecutaron y por ello, conllevando a la transgresión del numeral 134 de la Constitución en relación con el 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
La fiscal María Isabel Molina expuso que conforme a la indagatoria, se descubrió que en el gobierno de Silvano Aureoles, los exfuncionarios autorizaron 55 pagos por 100 millones 236 mil 619 pesos para Grupo Octano.
Y para Centro Carretero San Jorge firmaron 28 pagos por 30 millones 2 mil 386 pesos. En ambos casos para el supuesto suministro de combustible a favor del gobierno del estado de Michoacán.
Mientras que para Seguros El Potosí expidieron cuatro pagos por 8 millones 357 mil 15 pesos con el objetivo de contratar el servicio de seguros de bienes patrimoniales y parque vehicular.
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