El siglo XX cerraba su última década con un compromiso de 189 países con los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y el hambre, así como con objetivos de educación, salud, igualdad, sostenibilidad del medio ambiente y promoción de la cooperación internacional para el desarrollo. Estos propósitos no se alcanzaron, pero hubo algunos avances, lo cual permitió llevar los acuerdos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Para el siglo XXI, los ODS se consideraban un “plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. En esta idea, se esperaba registrar mayores avances que permitieran consolidar el acceso efectivo a los derechos humanos, en particular a los económicos, sociales, culturales y ambientales, en un ambiente que favoreciera la cooperación internacional, la paz y el desarrollo.
Sin embargo, la realidad es que el mundo no está en paz y los países que hoy son referencia por dar certidumbre a la inversión y por alcanzar una dinámica de crecimiento importante, así como por sacar a una parte de su población de la pobreza, como China, India y Turquía no se caracterizan necesariamente por ser los más democráticos o garantes de derechos.
La consolidación en los países de la tríada: derechos, democracia y desarrollo se ve lejana en el contexto internacional y al parecer México está haciendo su parte. En materia de derechos se tienen incumplimientos anteriormente mencionados y los económicos, sociales, culturales y ambientales se encuentran limitados por el manejo de las finanzas púbicas. En lo que toca a la democracia, se observa un debilitamiento de las instituciones que venían garantizando participación política y convivencia democrática y, finalmente, en lo que toca al desarrollo no hay visos de que se vaya a acceder a un mayor dinamismo económico ni que se vaya a detonar un proceso de políticas y acciones públicas que recuperen y fortalezcan el tejido social (ajeno al de las bandas criminales) y promuevan mejores condiciones de vida de la población.
