Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes; el último, elegido el pasado 18 de febrero, enfrenta acusaciones por corrupción y presunto abuso sexual
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Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes; el último, elegido el pasado 18 de febrero, enfrenta acusaciones por corrupción y presunto abuso sexual
Apenas el mundo comenzaba a aprenderse el nombre de José Jerí cuando ya el Congreso de Perú lo destituyó luego de que la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por corrupción a raíz de las reuniones que mantuvo con dos empresarios chinos de las cuales no informó oficialmente.
Jerí, sobre quien también pesan acusaciones por presunto abuso sexual a una menor y por hacer fiestas en el palacio presidencial con jovencitas, duró apenas cuatro meses en el cargo, tras relevar a Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso por "permanente incapacidad moral", en medio de escándalos de corrupción en su gobierno y por los altos índices de inseguridad.
El Congreso eligió al comunista José María Balcázar como reemplazo de Jerí, y con su llegada al poder de forma interina ese país sudamericano acumula nueve presidentes en una década.
Este 20 de febrero de 2026, Perú confirma una condición que ya no es percepción sino dato: es el país más inestable de la región en términos de continuidad gubernamental.
Si Balcázar culmina su encargo hasta el 28 de julio, cuando asuma el ganador de las elecciones cuya primera vuelta está prevista para el 12 abril, el promedio será casi de un presidente por año. Un récord inédito en América Latina en lo que va del siglo.
La cifra no es sólo estadística. Es el síntoma más visible de una crisis política estructural marcada por la confrontación permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, por el uso reiterado de la figura de la vacancia presidencial y por una arquitectura institucional que ha inclinado el equilibrio de poder hacia el Parlamento.
Desde 2016, Perú ha tenido los siguientes presidentes:
En esta secuencia, sólo un presidente anterior a este ciclo —Ollanta Humala, cuyo mandato concluyó en 2016— completó su periodo conforme a lo previsto por la Constitución. Desde entonces, la regla ha sido la interrupción.
La inestabilidad ha alcanzado tal magnitud que el humor popular la procesa como mecanismo de defensa. Sin embargo, el trasfondo es inquietante. Varios de estos cambios estuvieron acompañados por protestas masivas y episodios de represión que dejaron decenas de muertos, profundizando la fractura social.
Diversos analistas sitúan el origen de la actual crisis en las elecciones de 2016. El balotaje enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Kuczynski ganó por el margen más estrecho registrado en décadas, pero el partido de Fujimori obtuvo mayoría absoluta en el Congreso.
De sea manera se inauguró un periodo de confrontación sistemática. Menos de dos años después, Kuczynski renunció cuando el Parlamento se preparaba para destituirlo por “incapacidad moral”, en medio de escándalos vinculados a pagos de la constructora Odebrecht. Aunque la figura constitucional existía desde el siglo pasado, su aplicación comenzó a intensificarse a partir de entonces.
El artículo 113 de la Constitución peruana establece la vacancia por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.
La amplitud de esa definición —sin parámetros precisos ni exigencias probatorias equiparables a un juicio político clásico— convirtió la herramienta en un instrumento de presión decisivo. Lo que antes era excepcional se volvió frecuente.
El politólogo José Incio describió ese momento como la apertura de una “caja de Pandora” en las relaciones de poder del país.
En el sistema político peruano, el Congreso dispone de mecanismos que fortalecen su posición frente al Ejecutivo:
En la práctica, estas facultades han permitido que el Parlamento actúe como árbitro definitivo sobre la continuidad presidencial.
El resultado es un esquema en el que el Ejecutivo gobierna bajo amenaza constante de remoción, muchas veces sin mayorías estables que respalden su agenda.
La fragmentación del sistema de partidos agrava el problema. Presidentes electos sin bloques sólidos en el Congreso quedan expuestos a coaliciones cambiantes que pueden impulsar procesos de vacancia con relativa facilidad. La debilidad estructural del Ejecutivo no es sólo política, sino institucional.
La inestabilidad no se explica únicamente por la arquitectura constitucional. También responde a una crisis de legitimidad acumulada. Escándalos de corrupción, acusaciones judiciales y enfrentamientos entre poderes han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.
Cada destitución ha reforzado la percepción de que el sistema político opera en función de disputas internas más que de prioridades nacionales. Las protestas que acompañaron varios de estos episodios —algunas reprimidas con saldo mortal— evidencian que la disputa no es sólo entre élites, sino que impacta directamente en la calle.
El costo es tangible: menor capacidad de planificación de largo plazo, incertidumbre para la inversión, parálisis de reformas estructurales y debilitamiento del diseño de políticas públicas en áreas sensibles como desigualdad, seguridad o desarrollo productivo. La energía del Estado se concentra en sobrevivir a la crisis inmediata.
El dato sintetiza una anomalía regional: ningún otro país latinoamericano ha experimentado en este siglo una rotación presidencial tan acelerada en tiempos de formalidad democrática.
La alternancia frecuente, lejos de fortalecer la rendición de cuentas, ha derivado en fragilidad institucional. El Congreso se consolidó como actor dominante, pero sin que ello haya producido estabilidad. El Ejecutivo, debilitado, gobierna bajo la sombra constante de la vacancia.
La pregunta que sobrevuela Lima y las regiones no es sólo quién ganará las próximas elecciones, sino si el diseño político permitirá que quien asuma logre gobernar. Porque más allá de nombres y coyunturas, la evidencia acumulada en la última década muestra que la crisis peruana no es episódica: es estructural.
Perú no enfrenta únicamente una sucesión de presidentes. Enfrenta una tensión persistente entre legalidad formal y estabilidad real, entre poder parlamentario y legitimidad electoral. Y mientras ese equilibrio no se redefina, la cifra de mandatarios seguirá siendo el reflejo más crudo de su crisis democrática.
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