La reciente captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, considerado durante años el narcotraficante más buscado del mundo, ha tenido una enorme repercusión internacional. En España y en otros países de Europa, los informativos, la prensa y las redes sociales abrieron con la noticia de su detención y muerte, acompañándola de imágenes difíciles de olvidar. Autobuses y vehículos incendiados, comercios en llamas y, sobre todo, personas corriendo con miedo, escenas de pánico como las que se vivieron en el aeropuerto. A miles de kilómetros de distancia, esas imágenes construyen una narrativa poderosa. Si lo que se buscaba era sembrar miedo, el objetivo se cumplió. Y si también se pretendía proyectar hacia el exterior la idea de un país desbordado, el efecto mediático fue inmediato.
Lo ocurrido recuerda, en varios sentidos, a lo que vimos a inicios de año en Venezuela. Surgen rápidamente debates polarizados. Algunos sostienen que la operación fue posible gracias a las presiones del presidente Donald Trump y que sin su intervención nada habría sucedido. Otros se concentran en especular sobre los posibles sucesores, sobre si el liderazgo del cártel se consolidará en una figura fuerte o si se fragmentará en múltiples mandos. Son discusiones que a menudo avanzan más rápido que los datos y que se alimentan de conjeturas. Al mismo tiempo aparece una vieja disyuntiva que muchos gobiernos conocen bien. Si el Estado actúa con contundencia puede detonar más violencia en el corto plazo. Si no actúa, corre el riesgo de dejar el terreno libre a los criminales. Es un dilema incómodo que suele resolverse apelando al uso legítimo de la fuerza, pero que en la práctica deja heridas abiertas.
Sin embargo, la mayoría de estos análisis se quedan en la superficie. Es cierto que el enorme mercado de consumo en Estados Unidos hace extraordinariamente rentable el negocio y que el comercio legal de armas forma parte del engranaje que lo sostiene. Bajo esa mirada, el problema se concentra en consumidores y en empresas que venden sin mirar demasiado las consecuencias. En cambio, cuando el foco se coloca en México, el relato cambia. Se habla de ciudadanos que no respetan la ley, de jóvenes que encuentran en la economía ilícita una vía de supervivencia y de instituciones débiles incapaces de contener al crimen organizado. La explicación termina simplificándose hasta convertir un fenómeno complejo en una cuestión de responsabilidades individuales. Lo que casi nunca se aborda con la misma claridad es el entramado global que sostiene todo esto. El narcotráfico no es sólo un asunto de capos, sicarios y consumidores. Es un modelo que mueve cantidades descomunales de dinero y que encuentra canales para filtrarse en sistemas financieros, en paraísos fiscales, en inversiones inmobiliarias e incluso en proyectos legales que lavan su origen. Las ganancias son tan altas que resulta ingenuo pensar que todo depende de la voluntad de un solo hombre. ¿De verdad alguien cree que El Mencho es el cerebro único detrás del mayor imperio ilegal del planeta? Yo no lo creo. Más bien estamos ante estructuras mucho más amplias, discretas y sofisticadas. Y en medio de esa red global, a México le ha tocado, una vez más, quedar expuesto en el ojo del huracán.
