Se cumplieron ocho años del régimen político que dirige las políticas de salud en nuestro país. Aquí la historia de lo que ha sucedido y dónde nos encontramos ahora.
La llegada de la 4T se ha caracterizado por la imposición de sus políticas y la eliminación de las anteriores, sin importar si funcionaban o no y sin preocuparse por tener listo el proyecto que las sustituiría.
En su primer año se eliminó el mecanismo de adquisición y distribución de medicamentos bajo el argumento de combatir la corrupción. Esta decisión se tomó sin contar con un sistema sustituto para aquello que, si bien no era perfecto, funcionaba. El resultado ha sido el peor desabasto de medicinas del que se tenga registro. Padecimientos como el cáncer, la hipertensión, la diabetes y la epilepsia, entre muchos otros, requieren un apego continuo al tratamiento; interrumpirlo provoca complicaciones graves e incluso la muerte. Este problema fue creado por el régimen actual y aun no se resuelve.
Otro de los grandes retrocesos fue la desaparición del Seguro Popular, un programa que contaba con 53.5 millones de personas afiliadas (según registros oficiales de la Secretaría de Salud y del Coneval al cierre de 2018). En 2019 se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual inició funciones en 2020, justo cuando se aproximaba el mayor reto sanitario en la historia reciente de México: la pandemia de Covid-19. Millones de personas quedaron sin cobertura mientras las autoridades minimizaban la crisis inminente. El resultado: más de 800 mil fallecidos en el contexto de la pandemia. En abril de 2023 el Insabi fue extinguido; el costo económico fue altísimo y el costo en vidas humanas, devastador.
El 31 de agosto de 2022 se creó la figura del IMSS-Bienestar como organismo público descentralizado. El nombre ya existía como un programa destinado a la atención rural en zonas de alta marginación (con antecedentes como IMSS-COPLAMAR, IMSS-Solidaridad, IMSS-Oportunidades e IMSS-Prospera). El objetivo principal del nuevo esquema era atender a los más de 50 millones de mexicanos que quedaron a la deriva tras el fracaso del Insabi. Sin embargo, la falta de presupuesto, la recentralización y el déficit de personal especializado han obligado a los enfermos a buscar alternativas por su cuenta.
En estos ocho años, la medicina pública en México se ha privatizado de facto. La población acude masivamente a consultorios adyacentes a farmacias (CAF) o a pequeñas clínicas privadas donde debe pagar de su bolsillo para ser atendida a tiempo. El colapso en el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud ha provocado rezagos críticos, programando cirugías e interconsultas con meses de retraso.
Al tener que pagar por su atención, el paciente solo acude a consulta para resolver el problema inmediato. La prevención —que es la medicina más barata y eficiente— queda relegada. El médico que atiende en un consultorio de farmacia no dispone del tiempo ni del incentivo para educar sobre el control de riesgos a futuro; su dinámica exige atender un volumen elevado de pacientes y prescribir medicamentos. Por su parte, el usuario tampoco está dispuesto a pagar por recomendaciones de salud para padecimientos que aún no son evidentes. Hoy se estima que cerca de 23% de las atenciones médicas del país se resuelven en estos consultorios.
La única vía para construir una población más sana a un menor costo es evitar que la gente enferme. Los países escandinavos han logrado reducir la necesidad de infraestructura hospitalaria fortaleciendo la medicina de primer contacto. La meta principal de un sistema de salud no debería ser solo curar, sino conservar la salud de su población, una dirección exactamente opuesta a la que hoy se sigue en México.
A ocho años de distancia, el saldo de esta transformación no es la gratuidad ni la universalidad prometidas, sino la transferencia de la carga financiera del Estado hacia las familias mexicanas. Mientras el discurso oficial insiste en un sistema de primer mundo, la realidad se paga cada día en las cajeras de las farmacias y en el deterioro silencioso de la salud de la población. Continuar por este camino no solo es económicamente insostenible, es una omisión trágica frente al bienestar de México.
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