Marius Borg Hoiby –hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit– ha sido sometido a juicio, acusado de varios delitos de índole sexual, incluyendo cuatro violaciones. El fiscal ha dicho que no será tratado, a pesar de que forma parte de la familia real, ni con más indulgencia ni con mayor severidad que cualquier inculpado. Como debe ser en un Estado en el que se respetan los derechos de las víctimas y los derechos de los acusados.
Al leer la noticia no he podido dejar de comparar la justicia penal noruega con la nuestra. Para aquella no importa el nexo del procesado con la corona. Allí donde prevalece efectivamente el Estado de derecho todos son iguales ante la ley, sin importar la cuna que haya mecido a cada cual. Allá sí se creen que la ley es la ley, y eso vale para el personaje de la más alta alcurnia y para el más modesto de los ciudadanos.
En México, en cambio, porque pertenecen a la élite del partido en el poder, Félix Salgado Macedonio, acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, incluso de violar a una de ellas, y Cuauhtémoc Blanco, acusado por su propia hermana de tentativa de violación, no fueron sometidos a proceso. A diferencia del país escandinavo, aquí no rige el principio de que la ley es la ley para todos.
Félix Salgado Macedonio no solamente no fue sujeto a un proceso penal, sino que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le brindó su más vehemente apoyo para que su partido lo postulara como candidato a gobernador del estado de Guerrero. La mujer que lo denunció por violación tuvo que cambiar de residencia para que cesara el hostigamiento en su contra.
A Cuauhtémoc Blanco no se le privó del fuero parlamentario porque los diputados del partido en el poder lo protegieron. Algunas diputadas de ese partido, en una actitud que las enaltece, votaron por que se le desaforase, pero la mayoría optó por la indecencia sectaria de mantenerle la inmunidad debida a su escaño en la Cámara de Diputados. Su grito llenó de ignominia el recinto legislativo: “¡No estás solo, no estás solo!”, rebuznaron sus encubridores.
Desde luego, ningún imputado debe ser condenado automáticamente: todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Lo inaceptable, lo indecente, es que por formar parte de la pandilla gobernante se otorgue patente de impunidad aun tratándose de acusaciones por un delito tan grave, dañino y repugnante como la violación.
Las mujeres morenistas que guardaron silencio o incluso apoyaron a esos dos imputados manifestaron ruidosamente su condena al tocamiento ofensivo que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron deshonestamente incongruentes: con mayor vigor debieron exigir, pues una violación o una tentativa de violación es mucho más grave que un tocamiento no consentido, que Salgado Macedonio y Blanco fueran sujetos a proceso penal.
La propia doctora Sheinbaum, primero como jefa de gobierno y después como presidenta, calló en ambos casos. En el del exfutbolista una sola palabra suya hubiera sido decisiva, pues se ha comprobado una y otra vez que los legisladores afines a su gobierno obedecen sin chistar sus iniciativas y sus pautas.
