La corrupción fue un tema motor del triunfo de López Obrador.
Revelando incongruencia, los casos Segalmex, huachicol fiscal, La Barredora, Tequila son evidencia de que Morena tiene prácticas corruptas y vínculos con el crimen organizado.
La impunidad de Ignacio Ovalle, Rafael Ojeda, Adán Augusto, es evidencia de que la 4T no combate la corrupción sino que la integró a su operación política de premios y castigos.
Desaparecer el Inai y ejercer el presupuesto bajo el manto de las Fuerzas Armadas son evidencias de que la opacidad es parte del engranaje del morenismo.
Consecuentemente, 74 por ciento de los ciudadanos desaprueba el desempeño de la presidenta respecto de la corrupción, informa El Financiero.
La sociedad mexicana estaba hastiada de la corrupción de los gobiernos del PRI, PAN y PRD. López Obrador lo supo entender y usar electoralmente.
La calificación ciudadana del combate a la corrupción del gobierno de Peña Nieto fue de 2.6, según El Financiero. Un estudio de varias encuestas, de la investigadora del Colmex, Fernanda Somuano, indica que la calificación media sobre corrupción fue de 3.7 para Felipe Calderón y de 3.1 para Peña.
Incongruentemente, ni el PRI ni el PAN han hecho la tarea de realizar una autocrítica ante la sociedad. El tema no les ha merecido realizar un ejercicio analítico con la seriedad, visibilidad y sinceridad correspondiente al tamaño de la reprobación a sus gobiernos.
El déficit no sólo es con el pasado, también es con el presente. Las investigaciones periodísticas y de la sociedad civil han arrojado evidencias de corrupción y vínculos con el crimen organizado de políticos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano y la respuesta como institutos políticos no ha sido ni el deslinde ni la expulsión acordes con el debido proceso.
Los Yunes se salieron del PAN cuando quisieron, no por un ejercicio interno que los expulsara. En cada estado hay una lista de tolerados. El cinismo pragmático sigue sometiendo a la ética.
Tampoco PRI, PAN y MC han realizado una reforma interna que establezca procedimientos que cierren el paso a políticos corruptos y/o vinculados con la mafia. El tamaño del problema requiere establecer un fuerte y autónomo mecanismo de depuración y criba pero no lo han hecho y, en cambio, avanzaron hacia la concentración de poder en el dirigente nacional, el marco ideal para los acuerdos opacos con políticos obscuros.
Tampoco estos partidos han presentado a la sociedad una propuesta completa e integral para combatir la corrupción en el gobierno y su enlazamiento con el crimen organizado. No está claro que harían, que ahora sí funcione, si vuelven al poder.
Ante el principal problema nacional, no hay un documento fundamentado, sólo declaraciones coyunturales aisladas.
El rechazo del electorado al PRI es de 70 por ciento y al PAN, de 60, según la encuesta de Buendia&Marquez.
La falta de autocrítica, depuración, controles internos y propuesta es parte de la explicación de por qué la decepción con Morena no camina hacia la oposición partidaria.
La conclusión social parece ser: “son iguales”.
