El TMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 por un periodo de 16 años, con periodos de revisión automáticos cada seis. En julio de 2026 tendrá lugar la primera reunión formal del Consejo del TMEC para su revisión.
Las opciones son: 1) renovar o extender por 16 años más el tratado comercial, lo que lo llevaría hasta el año 2042; 2) de no renovarse, habría revisiones anuales del acuerdo hasta su conclusión en julio de 2036; 3) acordar la siguiente revisión en 2032, con la posibilidad de extender el tratado hasta 2048.
El inicio de las rondas formales previas a la negociación conjunta del TMEC se centró en los temas de reglas de origen automotriz, acero, aluminio y el papel de China. La siguiente ronda incorporará temas agrícolas, condiciones de competencia equitativa y se continuarán negociando reglas de origen.
Los temas planteados son: 1) reglas de origen automotrices: Estados Unidos busca elevar el porcentaje de contenido regional, especialmente estadounidense, para evitar el ingreso de componentes asiáticos, particularmente de China, al mercado estadounidense, libres de arancel. 2) Acero y aluminio: el gobierno de Estados Unidos plantea que los metales utilizados en Norteamérica sean fundidos y moldeados en la región. 3) En particular, Estados Unidos presiona para que México iguale sus aranceles contra el acero asiático e imponga controles a empresas chinas que instalan plantas en México para evadir tarifas.
Por su parte, Canadá y México plantearon ampliar el tratado 16 años, mientras que Estados Unidos anunció un incremento de 10% a importaciones provenientes de México ( y 13 países más) y de 12.5% a otros 46 países afirmando que se benefician del “trabajo forzoso” de terceras naciones. Así, a cada postura de sus “socios”, Estados Unidos responde con otras trabas y barreras no arancelarias.
La negociación estilo Trump seguirá presente, por lo que aun con una extensión de tratado, la negociación será permanente y bilateral. Por ello es importante generar capacidades para elevar el contenido nacional, vía programas públicos de apoyo a proveedores nacionales (pequeñas y medianas empresas) y voluntad y estrategias privadas de integración e inclusión productiva.
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