La prohibición de la violencia política de género fue concebida hace un lustro como una herramienta para contrarrestar las conductas sexistas o misóginas que negaran o menoscabaran los derechos políticos de las mujeres, o las descalificaran, en razón de su sexo. El ejemplo más escandaloso es el de Eufrosina Cruz, que ganó la elección para la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, pero la Asamblea Municipal, integrada exclusivamente por hombres, basándose en usos y costumbres, declaró nulos sus votos por ser mujer y desconoció su triunfo.
Pero esa herramienta se pervirtió: se ha utilizado en innumerables casos como un arma más de ataque a la libertad de expresión. A Alessandra Rojo de la Vega intentaron arrebatarle la victoria en la alcaldía Cuauhtémoc por vincular a su adversaria Catalina Monreal con su herencia política. A Héctor de Mauleón se le sancionó por mencionar que la mujer que ocuparía la presidencia del Tribunal Supremo de Tamaulipas tiene un cuñado huachicolero. La actriz Laisha Wilkins fue sancionada por reírse de un tuit en el que a una aspirante a ministra de la Suprema Corte que se identificaba como Dora la Transformadora se le llamaba Dora la Censuradora.
En Campeche se censuró al diario Tribuna por sus críticas a la gobernadora Layda Sansores. Karla Estrella, una mujer de Hermosillo, Sonora, sin cargo público, fue condenada por opinar que la diputada Diana Karina Barreras había obtenido la diputación por influencia de su esposo Sergio Gutiérrez Luna, quien fue presidente de la Cámara de Diputados. Karla Estrella tuvo que disculparse con Dato Protegido 30 días consecutivos. La enumeración de casos podría seguir. Evidentemente la figura de violencia política de género ha servido para acallar opiniones que incomodan a políticas y a políticos.
Un caso para Ripley, sobre el que ha llamado la atención el abogado José Mario de la Garza –quien, entre otras cosas, encabeza la organización potosina Perteneces, que lucha contra las injusticias a través del litigio estratégico–, es el de la política veracruzana Mara Yamileth Chama, quien demandó a 33 periodistas, líderes de opinión y medios, incluido el propio De la Garza.
Aunque no se ha dictado sentencia, se dictó una medida cautelar que ordena “bajar” las publicaciones en redes sociales. La mayoría de los demandados acató la orden, que de no cumplirse puede dar lugar a sanciones económicas, embargo o arresto administrativo. Otro golpe alevoso a la libertad de expresión.
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