Sinaloa es un caso sintomático de lo que ocurre de manera generalizada en el país: las autoridades ignoran e incumplen sistemáticamente con la ley sin ninguna consecuencia
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Sinaloa es un caso sintomático de lo que ocurre de manera generalizada en el país: las autoridades ignoran e incumplen sistemáticamente con la ley sin ninguna consecuencia
Causa en Común cuenta con estudios que documentan el estado en que se encuentran las policías, las fiscalías y los penales del país. En muchos casos se realizan mediante solicitudes de acceso a la información. Se trata, en esencia, de evaluaciones “espejo”, a partir de lo que las mismas instituciones reportan, y que hasta cierto grado determinan qué tanto cumplen con lo que la ley les exige.[1]
Sinaloa es un caso sintomático de lo que ocurre de manera generalizada en el país: las autoridades ignoran e incumplen sistemáticamente con la ley sin ninguna consecuencia.
En el caso de Sinaloa, no es posible conocer con certeza con cuántos elementos estatales cuenta la entidad. Si bien la autoridad proporcionó información correspondiente a 2024, ésta presenta inconsistencias: por un lado reporta un incremento en el estado de fuerza, pero al mismo tiempo informa altas y bajas que, en conjunto, implican una reducción.[2]
Respecto a la carrera policial, que es la base para contar con policías profesionales, prácticamente no existe un servicio profesional de carrera a nivel estatal, pues no se cuenta con reglas claras de ingreso, promoción o permanencia.[3] Ser policía en Sinaloa es acceder a un empleo sin trayectoria definida, y sin incentivos para la permanencia, más allá de la necesidad o las oportunidades de corrupción.
En materia de profesionalización, aunque la academia policial cuenta con instalaciones completas —aulas, pista de manejo, espacios de tiro—, informan no contar con diagnósticos de necesidades de capacitación ni con programas de formación planificados; es decir, se cuenta con infraestructura, pero no con una política de formación.
La eficiencia terminal de la formación inicial es alta, pero el costo por cadete se encuentra muy por debajo del promedio nacional, lo que abre dudas sobre la calidad del proceso.[4]
En cuanto al régimen disciplinario, si bien existe un marco normativo y algunos mecanismos de denuncia, éstos son limitados, pues no hay protocolos para la investigación de conductas delictivas, ni sistemas preventivos como alertas tempranas o análisis de conductas recurrentes.
Apenas se cuenta con dos psicólogos para atender al total de elementos, una proporción que está muy por debajo de cualquier estándar razonable.
Por otra parte, se reportó que el 88% del personal cuenta con controles de confianza aprobados, pero no se informó cuántos policías fueron dados de baja de la corporación, por no contar con ellos. Tampoco existe planeación ni registro de evaluaciones de desempeño, pese a que se informó que tienen tasas de aprobación del 100%, lo que acredita que las evaluaciones no cumplen con su función de mejorar el desempeño policial.
Respecto al uso de la fuerza, aunque se reporta la existencia de instalaciones para la práctica de tiro, no se informa con qué frecuencia se utilizan, a cuántos elementos se capacita ni bajo qué criterios se evalúa su desempeño.
Lo anterior impide saber si los policías cuentan con las habilidades mínimas para el manejo de armas de fuego. Tampoco existen registros pormenorizados y un informe anual que documenten cada uso de la fuerza, sus circunstancias y resultados, lo que impide cualquier forma de supervisión.
En cuanto a la fiscalía, ésta opera sin un servicio profesional de carrera, lo que implica que el ingreso, permanencia y el ascenso no responden a criterios verificables de mérito o desempeño, sino a dinámicas opacas que debilitan la capacidad institucional.[5]
Durante 2024, no se realizaron convocatorias para la promoción de grados en ninguna de las tres categorías sustantivas: ministerios públicos, policías de investigación y personal pericial. Sólo 29% de los ministerios públicos, 58% de los policías de investigación y 45% de peritos acreditaron los controles de confianza, y no se cuenta con información sobre la baja de elementos no acreditados.
Por otro lado, respecto a las evaluaciones de competencias y desempeño, se informó que el 100% del personal de la policía ministerial fue aprobado, lo que sugiere que los instrumentos de evaluación son simple papeleo burocrático.
En cuanto a los penales, no existe una carrera profesional para el personal custodio pues, aunque la ley establece mecanismos de ingreso, promoción y permanencia, no hay evidencia de que estos se apliquen en la práctica.
No se acreditan instrumentos completos del servicio profesional de carrera, ni procesos sistemáticos de desarrollo del personal.[6] En 2024, sólo se habrían graduado 24 custodios, cifra absurda si se considera que la capacidad de la academia es de 380 elementos, lo que representaría un 3% de la matrícula.
Tampoco cuentan con diagnósticos de necesidades de capacitación ni planes estructurados de formación continua, no se conoce evidencia sobre procesos de evaluación y actualización ni tampoco sobre normas y protocolos de supervisión para la prevención y sanción de conductas indebidas.
No hay evidencia de una comisión de servicio de carrera en funcionamiento, ni de un manual para la evaluación del desempeño, ni de metas de evaluación, ni de un sistema para registrar sus resultados. De los cuatro centros penitenciarios de la entidad, ninguno cuenta con certificación internacional.[7]
En conjunto, las instituciones encargadas de la seguridad y justicia incumplen de manera notoria con aspectos mínimos de ley en aspectos esenciales para su funcionamiento. A ello se suma la pésima calidad de la información, que suele ser incompleta, contradictoria o simplemente inexistente.
Nada puede sin embargo ocultar las instituciones en ruinas, donde anidan las irresponsabilidades e ineptitudes, las colusiones y corrupciones, los crímenes y las atrocidades que han hundido a la entidad.
[1] La información en el presente artículo proviene del estudio de Causa en Común (2025), Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia. Sinaloa. Disponible en: https://acortar.link/9k2nSZ
[2] En la misma solicitud de información, la policía estatal informó que en diciembre de 2024 contaba con 901 elementos, mientras que en enero del mismo año reportó 821, es decir, un incremento de 80 elementos. Sin embargo, también señaló que durante 2024 ingresaron 152 elementos y causaron baja 201, lo que implicaría una reducción del estado de fuerza a 772 elementos.
[3] Los instrumentos del servicio profesional de carrera policial que deben ser registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): reglamento, catálogo de perfiles, manual de organización, manual de procedimientos y la herramienta de seguimiento y control.
[4] El instituto de formación policial informó que se graduaron 520 cadetes con un presupuesto ejercido de formación inicial de $3,896,000.00 m.n., equivalente a $7,492.31 m.n. por cadete, que se encuentra fuera del rango de la media obtenida en el estudio mencionado ($13,913 a $18,823.43).
[5] La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que aún no se encuentra en operación el servicio profesional de carrera. Actualmente, se está trabajando en la realización de adecuaciones orgánicas y administrativas para su futura implementación.
[6] La Dirección de Prevención y Reinserción Social señaló que no cuenta con una comisión ni lineamientos para regular el otorgamiento de estímulos. Por otro lado, se informó que no cuentan con una herramienta para el registro del personal de custodia penitenciaria.
[7] Por parte de la Asociación de Correccionales de América (ACA), que mide el cumplimiento de ciertos estándares.
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