En países y contextos muy diversos observamos los mismos procesos: el fortalecimiento de los poderes ejecutivos, el debilitamiento de los parlamentos, la presión sobre los tribunales y el estrechamiento del espacio cívico.
En países y contextos muy diversos observamos los mismos procesos: el fortalecimiento de los poderes ejecutivos, el debilitamiento de los parlamentos, la presión sobre los tribunales y el estrechamiento del espacio cívico.
El 9 de noviembre de 1989 —hace casi cuatro décadas— cayó el muro de Berlín. Durante algún tiempo vivimos bajo la ilusión del “fin de la historia”, formulada por Francis Fukuyama en su célebre libro. La gran disputa ideológica parecía resuelta: la economía de mercado y el constitucionalismo liberal se impusieron como el idioma universal de la legitimidad política. Constituciones reescritas, catálogos de derechos en expansión, tribunales constitucionales fortalecidos y una convicción dogmática según la cual el derecho sería capaz de contener los excesos del poder.
Durante dos décadas, ese optimismo pareció confirmarse. La expansión del constitucionalismo fue notable. Entre 1980 y 2010 se promulgaron 167 nuevas constituciones y 21 fueron reformadas de manera sustantiva, entre ellas la mexicana. La promesa era clara: los derechos mejorarían la vida cotidiana, los jueces frenaría la arbitrariedad y la corrupción, y las instituciones funcionarían como diques frente al abuso y facilitarían la rendición de cuentas. Con excepciones significativas —China nunca compró el paquete completo— el modelo parecía sólido.
Hoy, esa convicción resulta —cuando menos— ingenua. Los derechos son promesas incumplidas, los partidos políticos ya no representan a los ciudadanos, la violencia impera y la corrupción florece. La mezcla de enojo y decepción abrió la puerta a fenómenos profundamente disruptivos en la esfera política y social. En países y contextos muy diversos observamos los mismos procesos: el fortalecimiento de los poderes ejecutivos, el debilitamiento de los parlamentos, la presión sobre los tribunales y el estrechamiento del espacio cívico. Los diagnósticos se repiten en los índices comparados: recesión democrática, polarización, liderazgos carismáticos con pulsión autoritaria y una creciente desconfianza hacia unas reglas del juego que pierden eficacia y credibilidad.
El fenómeno resulta aún más preocupante cuando alcanza a democracias consolidadas como Estados Unidos, convertido hoy en un laboratorio de tensiones institucionales: ruptura de los mecanismos de control del poder, tribunales bajo fuego político, partidos sin rumbo claro y un uso inédito y preocupante de la fuerza, tanto hacia dentro como hacia fuera. Lo que ahí ocurre es el reflejo de dinámicas que se manifiestan, de manera más cruda, en otros lugares.
Vivimos, además, en un mundo que cambia a velocidad acelerada. Las tecnologías de la información reconfiguran el poder y las relaciones sociales; los desafíos ambientales y digitales desbordan los marcos conocidos. En este contexto, el constitucionalismo liberal ya no puede darse por sentado. Hay que volver a pensarlo, imaginarlo y reescribirlo.
La historia muestra que hay un punto de inflexión cuando el derecho deja de contener al poder. En esos momentos hay que reafirmar los valores democráticos. Volver a explicar por qué los límites al poder importan, por qué los equilibrios son necesarios, por qué los derechos no son concesiones graciosas y por qué la democracia exige ciudadanos informados, tolerantes, dialogantes y exigentes. En un mundo cada vez más iliberal, defender el constitucionalismo exige algo más que la nostalgia: requiere imaginación crítica, debate argumentado y la voluntad de decir no cuando el poder prefiere aplausos.
