Asesinan a 665 policías y agentes de seguridad en lo que va del sexenio, revela Causa en Común

Cada 26 horas, un elemento de seguridad pública es asesinado en México. Cifras de la organización civil Causa en Común revelan que entre octubre de 2024 y octubre de 2026 al menos 665 policías perdieron la vida en hechos violentos en el país.

Esto coloca la labor de patrullaje, vigilancia y seguridad entre las actividades de mayor riesgo letal en el territorio nacional, en un contexto donde el debilitamiento institucional, los recortes presupuestales y la militarización de la seguridad pública han dejado a las corporaciones locales en clara desventaja operativa frente a la delincuencia organizada.

El informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico expone que el rezago policial ha sido utilizado para justificar la acelerada presencia castrense en tareas civiles, mientras se frena el financiamiento hacia las policías, particularmente las municipales.

“La desigualdad en presupuestos, personal y capacidades de las entidades y municipios, ha impedido la definición de una política de seguridad coherente y avanzar hacia una homogeneidad policial a nivel nacional. Este rezago, deliberado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es el que además se ha utilizado para justificar la acelerada militarización de la seguridad pública”, apunta.

De acuerdo con el recuento de Causa en Común a través de fuentes abiertas (reportes de prensa), una de las consecuencias más graves de subdesarrollo policial en México es la muerte de 665 oficiales.

Tan sólo en lo que va del actual sexenio –de octubre de 2024 al 9 de octubre de 2026– fueron asesinados 360 agentes municipales; 220 estatales y 85 federales.

“A partir de 2026, el monitoreo se extendió para contabilizar a todos los agentes militares legalmente facultados para participar en labores de seguridad pública, con el fin de ofrecer una visión más integral de la violencia que enfrentan las instituciones encargadas de la seguridad”, señala.

La organización civil refiere que la fragilidad institucional, la falta de profesionalización, estímulos y adecuadas condiciones de trabajo son factores que incrementan la vulnerabilidad de los policías frente a la delincuencia.

Por ejemplo, la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en 2021 por el gobierno de AMLO dejó sin recursos directos a las policías locales.

Su sustituto, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), opera apenas con una cuarta parte de los recursos que tenía el esquema anterior.

“La eliminación del FORTASEG implicó una drástica disminución de los recursos federales destinados a seguridad pública en perjuicio, principalmente, de las policías municipales”, señala Causa en Común en su diagnóstico.

Para el ejercicio fiscal 2026, al FOFISP se le asignaron solo mil 166 millones de pesos y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 9 mil 951 millones de pesos, los cuales representan incrementos marginales de 4 por ciento respecto a 2025.

En contraste, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas en 2026 ascendió a 236 mil 679 millones de pesos.

A la par de la baja en los recursos públicos, existe una reducción de la fuerza operativa de las policías locales. Al cierre de 2024, se registraron 166 mil 224 policías municipales, lo que representa una caída del 6 por ciento respecto a 2022 y la cifra más baja de la que se tiene registro desde 2010.

A la escasez de personal se suma un vacío de autoridad en el territorio: el INEGI ha documentado que en 516 municipios del país, 21 por ciento el total nacional, no existe una corporación policial formalmente constituida.

De estos, 90 delegaron la función a fuerzas estatales o federales, 403 a cuerpos comunales y en 23 municipios ninguna instancia gubernamental ni comunal realiza labores de seguridad pública.

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