Las reformas electorales han tenido la vocación terapéutica de aliviar la tensión política. Más que ajustes correctivos a problemas técnicos o al surgimiento de nuevas realidades, la disposición a revisar las reglas del juego electoral ha surgido de la necesidad de canalizar la inconformidad con las condiciones de la competencia y de superar el conflicto en torno a los saldos de la distribución del poder.
Prácticamente todas las reformas electorales se pueden explicar por una suerte de conciencia práctica desde ambos lados del eje régimen-oposiciones: reanimar legitimidades, por un lado, y mantener abiertas y viables las avenidas de la confrontación democrática, por el otro. Esto puede explicar el alto número de cambios jurídicos en perspectiva comparada y los grados de detalle de los consensos sucesivos, en especial los constitucionales. Pero también dice mucho de la propia evolución de nuestro sistema: representación proporcional para reproducir políticamente la pluralidad social; un sistema de partidos fuerte para inducir a la gobernabilidad; arbitrajes autónomos para generar certezas; condiciones equitativas y de neutralidad gubernamental para garantizar el piso parejo de la competencia. Nuestro reformismo ha sido un factor de estabilidad política porque maduró gradualmente como una práctica institucional orientada a resolver las contradicciones en torno a las vías de acceso al poder.
Es embustero el discurso que se escuda en un supuesto reclamo social por la calidad de la representación política o por el costo de las elecciones. De foros con convocatoria amañada, organizados por una comisión presidencial y sin auténtica y amplia deliberación, no se puede extraer esa conjetura sin provocar una amarga carcajada. Tampoco es que tengamos muchos motivos para confiar en las buenas intenciones del régimen ni en sus credenciales democráticas. Es evidente su empeño en aplicar el manual de la mutación autoritaria del pluralismo competitivo que les abrió las puertas al poder: uso faccioso y selectivo de la justicia, desmantelamiento institucional, jauja y opacidad militar, subversión de la ley, criminalización de la crítica y de la libertad de expresión. Nada bueno puede augurarse de una iniciativa que nadie conoce y que se pretende imponer con el mazo de la mayoría fraudulenta de la sobrerrepresentación, como sucedió con el esperpento judicial. Por el contrario, todo hace pensar que Morena acaricia lo que ninguna otra fuerza política gobernante siquiera pensó en sus más sublimes sueños de dominio: imponer unilateralmente una cancha de juego a su modo, según su conveniencia y para sus propios intereses.
La reforma judicial nos enseñó que el régimen va en serio con la sustitución del constitucionalismo democrático. Es una ingenuidad pensar que la intervención de Estados Unidos en Venezuela los hará pensar dos veces antes de destruir la democracia pluralista. No se asoma ninguna intención de cortar de tajo la influencia territorial y económica del crimen organizado. Si alguna reforma electoral tiene sentido ante Trump, la violencia desatada y el poderío criminal es cualquiera que genere a tiempo los anticuerpos para evitar que se instale en México una dictadura criminal que comprometa la soberanía nacional hacia dentro y hacia fuera. Pero la libertad de los ciudadanos no es su prioridad.
El régimen ha sepultado el método pactista de las reformas electorales. Regresamos a los tiempos premodernos de la lucha existencial por las reglas. Muchos líderes de la izquierda democrática sentirían traicionada su memoria. Luis Echeverría estaría muy orgulloso de sus cachorros autoritarios.
