Días como estos conviene recordarlo: el Estado –según prácticamente todas las definiciones– tiene como su función esencial proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos. Cuando un Estado no puede garantizar la seguridad mínima, se puede hablar con todo fundamento de un “Estado fallido”.
Ya desde antes de la llegada de López Obrador al poder se discutía, con motivos de sobra y no poca intensidad, si eramos o no un Estado fracasado. A la oposición morenista de entonces le gustaba este debate no porque tuviera una preocupación genuina en el tema, sino porque dañaba la credibilidad de los gobiernos en turno (los de Calderón y Peña) y hacía crecer los bonos electorales de su discurso populista.
Pero ya en el poder, López Obrador no tomó el camino para fortalecer al Estado en ningún aspecto. Más bien, impulsó abiertamente una política que vino a socavar y corromper los cimientos mismos del Estado en más de un sentido. Junto al sistemático golpeteo contra los frágiles contrapesos republicanos, el gobierno puso en marcha eso que orgullosamente AMLO definió como “abrazos no balazos”, una política de seguridad que básicamente puso de rodillas al Estado mexicano frente al crimen organizado.
La imagen más diáfana y “amable” de esta política es la del entonces presidente de la República en Badiraguato, Sinaloa, yendo a saludar a la mismísima progenitora del Chapo Guzmán. En contrapartida, la gráfica más cruda y humillante era la de las patrullas militares desarmadas, insultadas y pateadas por los grupos criminales en todo el país.
A regañadientes, pero en los hechos, la presidenta Sheinbaum ha tenido que abandonar la política de “abrazos no balazos”. La creciente indignación ciudadana contra la inseguridad, la extorsión y la tragedia que representan los miles de desaparecidos, junto con la fuerte presión del gobierno de Donald Trump para enfrentar al narcotráfico, la han obligado a dar un viraje significativo en la materia y a contradecir la pax narca que exaltaba su mentor y líder.
Sin embargo, no podemos atribuir a su voluntad política (porque no hay constancia puntual de ella) la decisión, el pasado domingo, de ir por el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es más, si nos atenemos a lo que dijo en la conferencia mañanera de este martes, parecería que trata de presentar todo esto como algo que no tenía por qué ocurrir, pero ocurrió:¨una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del Ejército y responde, y en el traslado fallece (El Mencho)”
Todo esto para decir que –“ni Dios lo quiera”– la estrategia de seguridad de su gobierno no ha cambiado y que no tiene ningún parecido con el sexenio de Calderón. Porque “nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró, incluso en aquel momento, el uso de las fuerzas armadas no era legal, no había una ley que las protegía, y eso fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ilegítimo”.
Es decir, así fuera por órdenes de un “presidente ilegítimo”, las fuerzas armadas del país actuaron “todo el tiempo fuera de la ley”. De esta idea se desprende, entonces, que los cientos de soldados que perdieron la vida en esos años de combate al narcotráfico lo hicieron por una causa “ilegal”, bajo “un estado de excepción que nunca se declaró”. Y supongo que ejemplo de lo anterio fue abatir a personajes como Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, líder del Cártel de los Beltrán Leyva; Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa; Heriberto Lazcano, El Lazca, fundador y líder de Los Zetas; o capturar a otros tantos como Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo del Mayo Zambada; Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes; Edgar Valdez Villarreal La Barbie, operador de los Beltrán Leyva; Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, o Jaime González Durán, El Hummer, Fundador de Los Zetas, entre otros.
De todas estas operaciones están orgullosos –y con razón de sobra– los miembros de nuestras fuerzas armadas. Si lo que busca la presidenta es deslindarse políticamente del gobierno de Calderón, sus palabras han resultado francamente desafortunadas, porque esencialmente nada diferencia el operativo del pasado domingo donde murió El Mencho de aquellos otros como los que he mencionado.
Si la presidenta viera en ellos “la fuerza del Estado” –la misma que destacó el General Ricardo Trevilla el lunes– no le daría pena ser identificada con el “calderonismo”, pero creo que no se puede imaginar al Estado por encima de un gobierno o partido (y del suyo, menos).
