La cuadratura al círculo. Los intentos de reglamentación de la garantía constitucional que prescribe proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión, desde las reformas estructurales del Pacto por México de 2013, parecen repetir, desde entonces hasta la fecha, el primer capítulo de la reglamentación del derecho constitucional a la información, establecido en el marco de las grandes reformas políticas de 1978. En medio de un ruidoso y confuso debate inicial, entre otros temas, sobre el sujeto obligado a garantizar ese derecho: si el Estado o los medios, el líder de la mayoría de los diputados ilustró la imposibilidad de acuerdo con la frase de que no se le pudo encontrar la cuadratura al círculo.
Sin órganos autónomos. No fue hasta 2002 que se precisó aquel derecho como de “acceso” a la información, con la obligación de satisfacerlo, a cargo de las entidades estatales, luego extendida a otros sujetos obligados. Lo más novedoso: un órgano garante autónomo que el actual régimen eliminó y, con él, la práctica cotidiana que se había logrado del ejercicio de ese derecho. Y aquí empiezan las raíces de la desconfianza ante los “lineamientos” de hoy para supuestamente proteger los derechos de las audiencias. Antes de estos ‘lineamientos’, hoy a consulta, otro texto parecido había sido retirado y uno más abogado por una Suprema Corte independiente con la que ya tampoco se cuenta para revisar la constitucionalidad de los ahora propuestos.
Ambigüedad y discrecionalidad. También eliminó este régimen el Instituto (autónomo) de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo sustituyó con una comisión nombrada por el Ejecutivo, a la que estos lineamientos le dan algunas facultades de dudosa constitucionalidad y legalidad, propiciatorias de un ejercicio de poderes discrecionales -de censura de contenidos informativos de los medios- en el reino -o la dictadura- de la ambigüedad.
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