Cohabitación de centralismo y austeridad. Desde su temprana formación en los manuales revolucionarios -y en la costumbre de ver con naturalidad cómo se adapta su interpretación a la voluntad de la superioridad del partido y el Estado- la presidenta reitera, en sus iniciativas más recientes, por un lado, un impulso poderoso al control centralista de las decisiones nacionales. Ahora incluso en el ámbito local. Esta pulsión provendría de la organización y los métodos de la Unión Soviética y de los regímenes y partidos nacionales desarrollados a la sombra del Kremlin. Pero, de manera complementaria, el discurso y las propuestas de reformas en el sistema político transportan no sólo las más desiguales austeridades contra el gasto de las instituciones fundamentales de la democracia, sino la intención de disminuirlas, asfixiarlas y, en algunos casos, extinguirlas, al servicio de reforzar el proyecto de centralización absolutista del poder.
Hipocresías aparte. La corrupción, la incompetencia y la improvisación del grupo en el poder consumen muchas veces más recursos que los necesitados para funcionar por parte de poderes legislativos y los ayuntamientos de los estados, contra los que se enfila ahora el llamado a la austeridad de la presidenta. “Combatir los privilegios” del Poder Judicial fue el pretexto de López Obrador para capturarlo, igual que a los órganos autónomos que, entre sus propósitos de profesionalización del servicio público, cumplieron funciones de freno y contrapeso al poder presidencial, así como de descongestión de las decisiones acumuladas en el Ejecutivo. De manera que -hipocresías aparte- austeridad republicana y lucha contra los privilegios han sido y son un recurso en la ruta de reconcentración de los poderes de decisión en Palacio Nacional.
Clavos. Más clavos a la cruz del sistema democrático, del sistema federal y de toda suerte de vida parlamentaria, incluyendo a los Congresos y ayuntamientos de los estados.
