Culiacán, Sin.- Con la presencia del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, inversionistas privados de diversos países, y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se colocaría la primera piedra para dar inicio a la construcción de una planta productora de metanol con la tecnología más avanzada del mundo, ubicada en Topolobampo, Sinaloa. La inversión es de 3 mil 300 millones de dólares. Algo realmente formidable.
Previo al evento, súbita y misteriosamente llegó un pequeño grupo local rechazando a gritos la construcción de la planta. El acto fue suspendido. ¿Cómo pudo ser posible que, en una reunión tan simbólica y que congregaría a personalidades tan importantes, fuera vulnerada tan fácilmente la seguridad? Hasta pareció una operación debidamente orquestada.
El grupo que irrumpió escandalosamente en el evento es muy similar al que ha generado múltiples problemas al Grupo GPO, una empresa que desde 2014 ha tratado de construir una planta de amoniaco en ese lugar, con una inversión total de 5 mil millones de dólares, y hasta esta fecha no ha podido iniciar operaciones debido a obstáculos jurídicos y de carácter político.
A Mexinol hoy le tocó el turno de ser víctima del desaseo político estatal, de la falta de interés de la Federación, y de tantas promesas sin cumplir por parte del gobierno. La construcción de la planta se tenía programada para iniciar hace más de un año, pero hoy, en abril del 2026, le surgieron nuevos obstáculos. Continuar con el proyecto será un periplo lleno de problemas.
Desde un hotel en Los Mochis, Sinaloa, y sin la presencia del gobernador Rubén Rocha ni de autoridades federales, el embajador Johnson emitió un duro discurso, señalando el fondo de lo ocurrido en Topolobampo. Mencionó que la planta de metanol era estratégica para la seguridad energética de Estados Unidos.
Pero advirtió, “Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. Además, afirmó, "la corrupción ni la extorsión deben tener cabida. Por eso, el T-MEC exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para funcionarios públicos”.
Como diría un clásico, lo que el embajador quiso decir es que a Mexinol, desde el propio gobierno o con la complicidad de éste, alguien intenta cobrarle el derecho de piso por hacer una inversión de 3 mil 300 millones de dólares en Topolobampo, Sinaloa.
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