En entrevista con Azucena Uresti, Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que el crimen organizado impuso en Huautla cobro de 200 pesos por persona en cada vivienda
En Morelos, el crimen organizado ya extorsiona en viviendas particulares, es decir los grupos criminales cobran dinero por permitir a la gente vivir en su propia casa. El negocio lucrativo de extorsionar a locatarios ha pasado ahora a todos los habitantes.
“Los del Cártel Jalisco Nueva Generación y los de la Familia Michoacana impusieron como pago obligatorio de 200 pesos por cada habitante de una casa. Si son 5 personas las que habitan la casa, las familias deben pagar mil pesos quincenales a los personajes de ambos carteles”, contó en entrevista con Azucena Uresti, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón Castro Castro, quien también se desempeña como Obispo de Cuernavaca.
“En algunos lugares ya no es sólo el cobro de piso por actividades económicas; es por vivir, sólo por tener una casa”, afirmó Castro Castro, al advertir que esta situación ha provocado desplazamientos de familias, restricciones en actividades cotidianas y afectaciones al tejido social.
La denuncia se desató el pasado sábado durante la XII Caminata por la Paz realizada en Cuernavaca, y promovida por Castro Castro, se denunció que el crimen organizado ha modificado la vida comunitaria en distintas regiones de Morelos, donde persisten extorsiones, desapariciones y homicidios.
El jerarca católico aseguró que, en comunidades como Huautla, municipio de Tlaquiltenango, grupos criminales presuntamente mantienen esquemas de cobro de cuotas a habitantes por permanecer en la zona, ubicada al sur del estado.
Asimismo, cuestionó la narrativa oficial de la gobernadora Margarita González Saravia, de Morena, sobre la seguridad en Morelos y sostuvo que “mentir sobre la realidad también es una forma de violencia”. Según expuso, nueve de cada 10 habitantes de la entidad viven con miedo debido al contexto de inseguridad.
La movilización reunió a miles de personas que caminaron desde la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, en Tlaltenango, hasta la Catedral de Cuernavaca. Participaron familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia, organizaciones civiles y ciudadanos que exigieron justicia y mejores condiciones de seguridad en la entidad.
Asistentes a la marcha declararon también que los sacerdotes abandonaron algunas comunidades tras recibir amenazas atribuidas al crimen organizado, situación que derivó en la suspensión de actividades religiosas en ciertas localidades.
Castro Castro afirmó en la entrevista radiofónica que “Morelos figura entre los estados con mayores niveles de percepción de inseguridad, feminicidios y violencia política, además de registrar casos relacionados con homicidio doloso y reclutamiento de menores por grupos criminales”.
El líder religioso recordó también el asesinato de Sandra Rosa, delegada de Temoac que previamente denunció presuntas redes de extorsión, y alertó sobre los riesgos que enfrentan las personas que reportan actividades delictivas.
Aseguró además que “la sociedad no se va a resignar ante la delincuencia, la paz no puede construirse sobre discursos vacíos ni sobre estadísticas maquilladas”.
Finalmente, llamó a reforzar el respaldo a madres buscadoras, así como a comerciantes y transportistas afectados por extorsiones, además de impulsar acciones coordinadas entre autoridades y sociedad civil para recuperar la paz en Morelos.
“Cuando el dolor de las víctimas se minimiza, se manipula o se utiliza solamente como recurso político, se vuelve a crucificar su dignidad”, reiteró el religioso, como hizo durante la movilización.
El secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, reconoció que la situación en el municipio de Tlaquiltenango es compleja y dijo “se han establecido canales de comunicación directa para frenar el impacto del crimen organizado en la región”.
De acuerdo con la versión gubernamental, los operativos de vigilancia “se reforzaron en los accesos principales a la comunidad desde las primeras horas de esta semana. El objetivo primordial de las autoridades es inhibir la presencia de células criminales que se dedican a amedrentar a los pequeños productores del campo”, detalló
Maldonado Ceballos informó que este jueves sostendrán un encuentro formal con el obispo Ramón Castro Castro en la capital. En dicha mesa de trabajo se desglosarán los puntos rojos detectados para que la policía preventiva actúe de manera focalizada.
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