Finalmente se presentó al Congreso el paquete económico 2027. Lucía complejo cuadrarlo por una combinación de factores económicos -bajo crecimiento, ingresos estancados, presiones de gasto- y políticos -elecciones y proyectos prioritarios de la Presidencia-. Pero fuera de algunas sorpresas en materia fiscal -que han causado cierto estupor en el sector privado-, Hacienda logró su propósito: atender a sus “grupos de interés” relevantes sin causar grandes sobresaltos.
Dicho lo anterior, en realidad se trata de un presupuesto inercial. Los desafíos de mediano y largo plazo se mantienen: los ingresos seguirán siendo insuficientes, las presiones de gasto crecen año con año, el déficit estructural se mantiene y los insuficientes niveles de gasto en inversión y otros bienes públicos esenciales continúan.
El problema de plantear presupuestos inerciales es que resuelven el problema de corto plazo, pero a costa del mediano y largo plazo. Se entiende que es año electoral y el gobierno quiere evitar mayores costos políticos. Pero así llevamos nueve años y no parece haber voluntad política -a pesar del enorme poder legislativo y político que acumula el gobierno actual- para atenderlos.
Pongo algunos ejemplos. Este año el país va a destinar dos y medio billones de pesos en pensiones -la suma de las contributivas y no contributivas- y el gobierno no parece tener mayor ánimo de hacer algo más de fondo en la materia. A ello se suma un elevado nivel de gasto en el servicio de la deuda que ha hecho aún más rígido el presupuesto.
En el mismo sentido, los niveles de endeudamiento no parecen excesivamente peligrosos de corto plazo, pero ya hay una serie de advertencias por parte de calificadores crediticias e inversionistas que sugieren que México va en ruta de perder su grado de inversión de no cambiar la trayectoria fiscal. Y otra vez, el gobierno en este presupuesto opta por un punto medio: dice que va a continuar con una modesta consolidación fiscal, pero sigue sin atender el problema del fondo que es que estamos gastando bastante más de lo que ingresamos.
En Pemex la historia es similar. El gobierno dijo en enero que sería el último año que apoyaría fiscalmente a Pemex y, si bien se reduce el apoyo a la petrolera respecto al año pasado, se ve obligado a poner casi cinco mil millones de dólares de apoyos adicionales. Mientras tanto, el modelo operativo de la petrolera no cambia, los niveles de inversión son inferiores a los de años previos y los contratos mixtos son poco atractivos para el sector privado. En resumen, la viabilidad financiera y operativa de Pemex sigue siendo una interrogante.
El gobierno parece haber claudicado en atender de manera estructural los problemas fiscales del país. Es cierto, ningún gobierno va a resolver los problemas en un solo presupuesto, mucho menos en un año electoral, pero este paquete económico es el tercero del gobierno de la presidenta Sheinbaum y cada vez es más difícil lograr cuadrar las cuentas.
Implícitamente lo que se respira en este paquete económico es una apuesta de mera sobrevivencia: patear los problemas un año más, evitando pagar algún costo político mayor y apostar a tener un mejor 2027 a lo previsto para continuar en esta misma ruta el resto del sexenio. Este cortoplacismo, puede tener una lógica política, pero compromete la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y deja al país sin la posibilidad de atender los problemas estructurales que siguen limitando su potencial productivo.
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