San Lázaro aprobó cambios a tres artículos constitucionales sin la revocación de mandato
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San Lázaro aprobó cambios a tres artículos constitucionales sin la revocación de mandato
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica los artículos constitucionales 115, 116 y 134, dejando fuera la alteración al artículo 35 sobre el calendario de la revocación de mandato debido a su votación previa en el Senado de la República, proceso que en lo general quedó: 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.
La obtención de la mayoría calificada se logró con los sufragios de Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Estos cambios activan los nuevos lineamientos de administración municipal y gasto legislativo.
A través del artículo 115, se instruye que los ayuntamientos operen con una sindicatura y un tope máximo de 15 regidurías.
Por su parte, la intervención en el artículo 116 fija una restricción financiera que prohíbe a los congresos locales ejercer un monto que exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.
El dictamen también impacta al sistema electoral y burocrático mediante la adición de un párrafo al artículo 134, el cual restringe la utilización de recursos públicos para la contratación de seguros de gastos médicos privados, de vida, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales dirigidos a consejeros, magistrados y mandos de los organismos electorales.
De forma paralela, las disposiciones transitorias ordenan un ajuste presupuestal para el Senado de la República, estableciendo una reducción acumulada del 15 por ciento en términos reales durante cuatro ejercicios fiscales, bajo la cláusula de mantener intactos los derechos laborales de los trabajadores.
La implementación normativa obliga al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a concluir la armonización de sus marcos jurídicos a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Los recursos económicos ahorrados mediante estas disminuciones operativas y recortes a los presupuestos legislativos tienen como destino administrativo obligatorio la inversión en obras de infraestructura pública en los municipios y estados involucrados.
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