Las acusaciones que sean consideradas como falsas, podrán enfrentar hasta tres años de prisión, además de sanciones económicas de 100 a 200 días de multa
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Las acusaciones que sean consideradas como falsas, podrán enfrentar hasta tres años de prisión, además de sanciones económicas de 100 a 200 días de multa
El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó reformas y adiciones a los artículos 165, 192B y 139 del Código Penal local con el objetivo de sancionar penalmente las denuncias infundadas, amenazas o asedios en contra de personal docente, directivo y administrativo.
La iniciativa fue respaldada el pasado 18 de junio por una mayoría de 16 de los 27 diputados que integran la legislatura estatal.
El dictamen establece que aquellas personas —incluidos estudiantes, padres de familia o tutores— cuyas acusaciones ministeriales contra trabajadores de la educación sean tipificadas como falsas o fuera de los canales institucionales establecidos, podrán enfrentar penas que van de 1 a 3 años de prisión, además de sanciones económicas de 100 a 200 días de multa.
De acuerdo con el texto legislativo, el propósito de las modificaciones es dotar de una "protección integral al personal docente" ante señalamientos carentes de sustento legal que comprometan su integridad profesional y personal.
La resolución del Congreso local entra en conflicto con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamientos que obligan a las instituciones del Estado a priorizar el interés superior de la niñez y a garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Las nuevas penalizaciones contravienen los principios rectores de protección e integridad física y psicológica de los menores de edad, que se integran en la Convención Sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual México es Estado parte desde 1989.
Sin embargo, las fracciones parlamentarias que promovieron la reforma defienden la legalidad del dictamen, asegurando que el marco jurídico respeta el debido proceso y busca un equilibrio entre los derechos de los alumnos y la protección del magisterio en la entidad.
En respuesta a la aprobación del dictamen en la LXVI Legislatura, colectivos civiles en Aguascalientes atribuyeron los cambios a exigencias formuladas por la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Argumentan que la tipificación de delitos como el "asedio por medios digitales" o la "falsedad" en el contexto escolar limita el derecho de la comunidad estudiantil a denunciar presuntos abusos ante las autoridades competentes, al condicionar los procesos a canales bajo control interno y sindical.
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