El gobierno federal concentra hoy los instrumentos indispensables para crear un entorno favorable al crecimiento del país. Con los poderes de la Unión alineados con la institución presidencial y sin contrapesos capaces de decir no a las decisiones que no funcionan —como volvió a quedar de manifiesto con la malograda reforma al Poder Judicial federal—, esa responsabilidad resulta no solo mayor, sino inocultable.
La seguridad nacional, la estabilidad financiera, el control de la inflación y la gestión eficiente, eficaz y honesta de los monopolios públicos que abastecen de electricidad y combustibles a toda actividad productiva son bienes públicos cuya provisión corresponde exclusivamente al ámbito federal. Sin embargo, estas responsabilidades —junto con otras que la Constitución reserva a la Federación, como lo evidencia la amplitud del artículo 73— se han ejercido de manera deficiente, frenando con ello un crecimiento económico vigoroso y sostenido, incluso después de dos periodos de bonanza petrolera (1978-1982 y 2001-2014).
No obstante las adversidades de los últimos 45 años, varios gobiernos estatales y municipales han logrado crecer con un dinamismo notablemente superior al promedio nacional, impulsados en buena medida por uno de los mayores aciertos del orden federal: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Entre ellos destacan los seis estados fronterizos, así como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí en la franja media del país, y también, no por mencionarlos al final menos importantes, Yucatán y Quintana Roo, este último a partir de Cancún, proyecto incubado en el Banco de México: otro acierto del orden federal.
En general, estas entidades federativas han contado con una conducción política más que aceptable. Perdón por la omisión de algunos nombres, pero honor a quien honor merece. Hubo ahí verdaderos impulsores del desarrollo económico regional: Landeros, Burgos, Barrio, Fox, Granados, Cervera Pacheco –llevó a Yucatán al siglo XXI-, Sauri, Ortega, Montemayor, Martínez y Martínez, entre varios más. El rasgo común fue una visión orientada a modernizar instituciones, construir conectividad para enlazarse con el mundo y formar capital humano. En ello hubo claridad y continuidad, incluso en contextos de alternancia.
En cambio, el centro del país se ha rezagado y ha perdido participación en el PIB nacional. La Ciudad de México —salvo el paréntesis del gobierno de Marcelo Ebrard— ha padecido improvisación, abandono de prioridades e incapacidad de gestión, con un desempeño inferior incluso al del Estado de México.
Conviene precisar la naturaleza de ese éxito. Lo que detonó el crecimiento de los estados ganadores fue inversión productiva de exportación —mayoritariamente privada y extranjera directa—, jalada por el TMEC y conducida por buenos gobernadores. El sector público local puso el marco, no el grueso del capital; por eso el financiamiento subnacional no fue el motor de aquella etapa. Pero ese éxito generó su factura: urbanización, presión demográfica y una demanda creciente de agua, drenaje y transporte. Esa infraestructura de servicios no la financia la inversión extranjera ni se exporta: la provee el sector público local, y ahí el financiamiento subnacional sí es el instrumento natural.
Y es justo ese instrumento el que se ha venido apagando. Al primer trimestre de 2026, el saldo de la deuda subnacional había disminuido 19% en términos reales respecto del mismo trimestre de 2016. Su punto más alto de la década se registró en el cuarto trimestre de 2015. El agregado de los gobiernos estatales se redujo 13.4% real en esos 10 años; pero el desplome fue mucho mayor en el orden más cercano al ciudadano: las entidades paramunicipales perdieron 86.9% de su saldo real.
Así no se puede crecer, porque no se está construyendo la infraestructura indispensable para atender la demanda inmediata de servicios públicos. Por eso no debería sorprendernos que en México padezcamos un transporte público deficiente ni que las necesidades de agua y drenaje sigan sin atenderse de manera adecuada. Lo grave es que este rezago ya no puede atribuirse a falta de diagnóstico, sino a una persistente renuncia a gobernar con seriedad.
Posdata. No se vaya a creer que la Ciudad de México deba recurrir a más financiamiento para “ajolotizar” y “utopizar”. Lo que requiere con urgencia es transporte público, agua y drenaje, rubros que siguen escandalosamente rezagados.
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