Hay algo que en México se repite con una velocidad preocupante: cada vez que un delito indigna, la respuesta inmediata es proponer más años de cárcel.
Más penas. Más delitos catalogados como graves. Más prisión preventiva.
Y menos preguntas incómodas.
En los últimos años —y particularmente en meses recientes— hemos visto reformas que endurecen sanciones en delitos como feminicidio, extorsión, robo, maltrato animal… e incluso violencia familiar. Se amplían también los supuestos de prisión preventiva oficiosa, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: debe ser excepcional, no la regla.
Pero aquí ocurre lo contrario.
Se legisla bajo presión social. Bajo el impacto mediático. Bajo la urgencia de aparentar control o el “compromiso” con una causa. Es populismo penal en su versión más rentable: castigar más para pensar menos.
Porque incluso en delitos como la violencia familiar —uno de los más extendidos y persistentes— la respuesta ha sido endurecer castigos. Como si una reforma pudiera desactivar, por decreto, lo que se formó durante años: patrones aprendidos, ciclos de violencia, abandono institucional, salud mental ignorada.
Aquí no hay ingenuidad.
Hay evasión.
Evasión de mirar de frente a las personas y reconocer que muchas conductas antisociales no nacen en el momento del delito, sino mucho antes: en infancias atravesadas por la violencia, en hogares sin intervención, en comunidades donde el Estado llega tarde o no llega.
Y no, eso no justifica.
Pero sí obliga a entender.
Porque si no entendemos, vamos a seguir legislando para la tribuna.
El derecho penal —como lo establecen estándares internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— es la última herramienta del Estado, no la primera. Pero en México lo usamos como sustituto de todo lo que no se hizo antes.
Castigamos primero. Y luego simulamos que con eso basta.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo ha documentado con claridad: la severidad de la pena tiene mucho menos impacto que la certeza de ser sancionado.
No es cuánto castigas.
Es si puedes prevenir. Si puedes intervenir a tiempo. Si puedes romper el ciclo antes de que escale.
Porque el populismo penal no solo es ineficaz.
También genera daños paralelos.
Satura cárceles sin resolver el delito. Debilita el debido proceso al normalizar medidas excepcionales. Incentiva detenciones sin investigación sólida. Desvía recursos que deberían ir a prevención, inteligencia y atención a víctimas. Y, peor aún, instala una narrativa peligrosa: que la justicia se mide en años de cárcel, no en reducción real de la violencia.
Creer que una ley va a desaparecer una conducta que nunca fue atendida no es una estrategia.
Es una coartada política.
Y un país que legisla para calmar la indignación, pero no para resolver el problema, no solo fracasa en prevenir el delito.
Termina administrando sus consecuencias.
Y eso, en seguridad, siempre se paga más caro.
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