Cristina Fernández de Kirchner: del auge populista a la prisión domiciliaria

Hay un club cada vez menos selecto de mandatarios a nivel internacional que han sabido explotar la polarización y el caos. Que su habilidad destaca más por confrontar a la población con su discurso y acciones que por impulsar la unidad nacional. Que su poder brota de entre el odio y el encono social. Cristina Fernández de Kirchner, exlegisladora, exprimera dama, expresidenta, exvicepresidenta de Argentina y actualmente convicta, destacó entre los más claros representantes de este grupo en América Latina.

Cristina Elisabet Fernández, que nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, Argentina, es casi un producto de la contradicción. Hija de Ofelia Giselle Wilhelm, fue dirigente gremial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y activa militante del izquierdista Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón, y de Eduardo Fernández, un empresario del transporte y simpatizante del profundamente antiperonista Unión Cívica Radical.

Entre esos dos polos creció y se desarrolló hasta que entró a estudiar la carrera de psicología de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Todo indica que la pasión por entender el comportamiento y los procesos mentales de la gente le duró poco, y a los pocos meses dio un rotundo cambio de timón que le marcó la vida. En 1974 entró a estudiar derecho, también en la UNLP,  donde conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó en 1975, tan sólo seis meses después de haberlo conocido.

Unidos por su militancia peronista, y a causa de ella, la joven pareja fue sorprendida por el golpe de Estado de Jorge Videla en 1976 y los Kirchner se vieron obligadados a mudarse a Río Gallegos, ciudad de origen de los Kirchner, donde abrieron un despacho de abogacía y se dedicaron principalmente a los negocios inmobiliarios, pero con una clara ambición de poder que se concretaría unos años después de que el gobierno militar por fin dejó el poder en 1983.

En septiembre de 1987, Néstor Kirchner fue designado intendente (el equivalente a alcalde) de Río Grande, capital de la provincia de Santa Cruz, cargo en el que permaneció hasta 1991, cuando fue electo gobernador de la región. De forma paralela, Cristina Fernández de Kirchner fue electa congresista provincial en 1989, cargo para el que fue reelecta en 1993 y 1995. En la Cámara Baja santacruceña llegó a ser la vicepresidenta en 1990.

Una vez que la política local le quedó chica a su hambre de poder, Fernández de Kirchner fue electa en 1994 como representante por Santa Cruz a la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe, asamblea que reformó la Constitución Argentina después de los años de la terrible dictadura. Ese paso le sirvió para catapultar al Senado Nacional, en donde ingresó en 1995 como representante también de la provincia de Santa Cruz.

Después de haber saltado entre cargos, al parar de senadora a diputada nacional y después senadora nuevamente, en 2003 se convirtió en primera dama una vez que Néstor Kirchner fue electo presidente de Argentina. En los primeros años del mandato de su esposo, Cristina avivó sus filias izquierdistas y acudió a eventos internacionales como la Cumbre de Gobiernos Progresistas, en Londres en 2003 y el encuentro de partidos progresistas gobernantes en el Cono Sur, que se llevó a cabo en 2005.

Pero para alguien con el talante de Fernández de Kirchner no era suficiente conformarse con ser la primera dama del país, y en 2005 llegó nuevamente al Senado, esta vez como representante de la provincia de Buenos Aires. Fue desde este cargo cuando en 2007, una vez que su marido decidió no buscar la reelección, la primera mujer presidenta de argentina fue electa con el 45.29 por ciento de los votos. Al frente del Frente para la Victoria, Fernández de Kirchner se convirtió en la segunda mujer en el cargo, mismo en el que se reeligió en 2011 con el 54 por ciento de los sufragios.

Mientras estuvo al frente del gobierno argentino, la expresidenta aplicó la agenda de izquierda nacionalista que tanto tiempo germinó dentro de ella, y estatizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa más grande de energía en el país, junto con Aerolíneas Argentinas y jubilaciones. Además, hay que reconocerlo, creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), con lo que se redujo la pobreza del 54 por ciento según las cifras oficiales, mismas que han sido fuertemente cuestionadas por sus opositores.

Como es de esperarse de un gobierno que está fuertemente marcado por la intervención del Estado en la economía y en política, el sistema populista basado en el asistencialismo, que ha creado mucho clientelismo político y que además está generó un gasto público excesivo de alrededor del 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011. Además, sus más fuertes críticos la responsabilizan por el aumento inflacionario, que promedió el 25 por ciento mientras ella estuvo al frente del país.

Además, su mandato se vio envuelto por conflictos serios como el enfrentamiento con el sector agropecuario en 2008 después de que la entonces presidenta ordenó el aumento de impuestos a las exportaciones agrícolas, algo que dividió fuertemente al país y marcó el inicio de la polarización extrema que se mantiene hoy en día en el país sudamericano.

Fernández de Kirchner también mantuvo una tensa relación con los medios de comunicación, especialmente con Grupo Clarín, uno de los diarios más importantes del país, al que acusó (para sorpresa de nadie) de operar políticamente contra su gobierno, excusa que usan políticos populistas totalitarios cuando intentan esconder sus verdaderas intenciones, las de debilitar la libertad de prensa y concentrar el poder.

Aunque el que quizá fue el episodio más delicado de su mandato fue la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, que se dio cuatro días después de que el funcionario la denunciara por supuesto encubrimiento relacionado con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), una organización comunitaria judía con sede en Buenos Aires,en 1994. El 18 de julio de ese año, la sede de la organización fue destruida por un atentado terrorista que causó la muerte de 85 personas y dejó a más de 300 heridos.

El cuerpo del fiscal Nisman fue encontrado el 18 de enero en su baño. En su momento se reportó que tenía un disparo en la cabeza, y que junto a él estaba un arma que le había prestado un colaborador. El encargado de investigar los ataques señaló a la entonces presidenta por encubrir a los sospechosos iraníes. Como suele suceder en estos casos, inicialmente se habló de suicidio, pero sucesivos peritajes de la Gendarmería y fallos judiciales concluyeron que fue asesinado.

Entre sus principales hallazgos, el investigador responsabilizó a altos funcionarios iraníes y a Hezbolá, el grupo armado libanés, del ataque. En sus conclusiones también criticó un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán firmado en 2013, mismo que consideró un intento de encubrimiento de este mismo acto. Como tantos crímenes políticos en América Latina, el caso terminó en la controversia, acusaciones de uso político de la justicia y una fractura que profundizó aún más la división entre los argentinos.

En 2015 Fernández de Kirchner dejó la presidencia, más no el peso que tenía dentro de la política argentina. Pero, como toda una política pura, la exmandataria no se podía quedar al margen del poder y regresó a la Casa Rosada como vicepresidenta, y con Alberto Fernández al frente del gobierno. Pero como la experiencia nos ha demostrado, con contadas (contadísimas) excepciones, el mando no se comparte, por lo que era natural que la relación entre ambos terminara más que deteriorada.

Las diferencias se empezaron a hacer claras, incluso públicas, con una expresidenta que exigía mayor intervención estatal en materia económica, mayores controles a los precios y fuertes críticas a los ajustes fiscales. La relación llegó a un punto delicado cuando Fernández negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el refinanciamiento de la deuda que su gobierno había recibido, lo que incluso dividió al Congreso.

Ya con una relación completamente rota, pero todavía en el poder, Fernández de Kirchner sufrió un atentado de asesinato en 2022, cuando un hmbre armado le intentó disparar sin éxito a las afueras de su casa en Buenos Aires, ataque que fue eprcibido como una campaña de odio en contra de la histórica líder kirchnerista.

De forma paralela, empezaron a avanzar diferentes investigaciones judiciales en contra de la ya exvicepresidenta señalada por corrupción, lavado de dinero y sobornos. El más grave, y el que finalmente la llevó a la cárcel, fue la llamada “Causa Vialidad”, en la que ella fue acusada de haber entregado contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, su viejo bastión político, al empresario Lázaro Báez. Según la sentencia, hubo una estructura destinada a beneficiar a Báez mediante licitaciones amañadas, sobreprecios y obras inconclusas.

Los peritos judiciales señalaron que estas irregularidades sumaban aproximadamente 685 mil millones de pesos argentinos (algo así como 9 mil millones de pesos mexicanos). A pesar de las diferentes quejas que presentó ante la justicia argentina, la Corte Suprema argentina rechazó los recursos de apelación y confirmó la sentencia de seis años de prisión, cargos que cumple en prisión domiciliaria por su elevada edad así como cuestiones de seguridad, y la inhabilitación perpetua de ocupar un cargo público nuevamente. Esas arcas que le acercaron tanto dinero, dominio y autoridad se le cerraron al golpe del martillazo que confirmó su sentencia.

A pesar de que esos señalamientos ya son suficientemente graves, Fernández de Kirchner aún tiene en puerta otros expedientes pendientes de resolverse, como son el llamado caso “Cuadernos”, relacionado con presuntos sobornos en contratos públicos, y las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, vinculadas a presunto lavado de dinero y negocios hoteleros de la familia Kirchner.

Naturalmente, los gritos que reclaman una conspiración política detrás de los señalamientos no se han hecho esperar. Lo que tampoco sorprende a nadie es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se desgasta al insistir que México no interviene en asuntos de otros países, a menos, claro está que los involucrados sean amigos de la autodenominada 4T, demuestre su apoyo de forma pública a la exmandataria presa.

El fin de semana pasado, desde Barcelona, España, la presidenta mexicana mostró un cartel en el que se ve a la argentina con el sol de su bandera a la espalda (casi como si fuera un halo de santa), y con la leyenda "Cristina Libre".   

Mientras se llena de apoyos vacíos, y desde el departamento de su hija en Buenos Aires donde cumple prisión domiciliaria desde el 17 junio de 2025, Fernández de Kirchner deberá esperar junto a su tobillera electrónica el resultado de los nuevos señalamientos que le ganan simpatía, pero que también dejan al descubierto la red de complicidad que existe entre ese cada vez más grande grupo de gobernantes que siembran la polarización para cosechar beneficios personales a costa de los ciudadanos.

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