Hay algo llamativo en la coreografía que acompañó el entierro del llamado Mencho, ilustrada en los cientos de arreglos florales que llegaron, los mariachis que entonaron "Las Golondrinas" o los rosarios uncidos a las manos de las mujeres que despedían al capo.
No es que sean reacciones inusitadas (recuérdese la ovación de los diputados a Goyo Cárdenas, el mítico asesino serial mexicano), pero exhiben ciertos rasgos culturales y sociológicos -diríase: antivalores- que caracterizan a una parte de la sociedad mexicana que no tiene recato alguno, por las razones que sean, en rendir homenaje a un criminal. Seguramente muchos le debían algún favor; otros lo veían como defensor ante abusos de militares o policías; unos más estaban agradecidos porque restauró la escuela, el parque o la iglesia del pueblo. Y, ciertamente, no es una conducta exclusivamente mexicana.
El episodio, sin embargo, plantea el reto de cómo inocular la pedagogía de que delinquir, matar o robar es malo si, por otro lado, un prototipo de estas conductas es despedido como hombre exitoso, un paladín, un ídolo popular. O sea ¿cuál es la brújula moral del mexicano?
La exploración corresponde al terreno de la psicología moral o la antropología social, pero cualquiera que sea la explicación parece que cuando los antivalores se vuelven normales, la frontera entre el bien y el mal es muy borrosa o hay un tejido social rasgado (Claudio Lomnitz) entonces se disuelven los fundamentos éticos y cívicos que teóricamente cohesionan a una sociedad y se incentiva a actuar por fuera de un código normativo razonable.
En ese sentido, una limitación casi endémica para la práctica de la legalidad radica justamente en la debilidad de un fundamento esencial de la democracia y de su sistema de valores, que es el respeto que una comunidad sienta, tenga y practique por la ley.
Diversos estudios sugieren que ese respeto es bajo, entre otras cosas porque los mexicanos dicen tener valores positivos en general, pero la percepción de incertidumbre en que están inmersos diluye el capital social e incentiva a maximizar el beneficio privado, así sea por mera protección individual. O bien porque asumen que no hay colectivamente incentivos para que el cumplimiento de la ley, con independencia de lo que haga el resto, sea visto como intrínsecamente valioso. Es decir, como “la ley no es pareja”, los que no son poderosos tienen que ingresar a un circuito informal en el que sobreviven como se pueda.
El problema es muy complejo. Tiene que ver con un déficit en la manera como se transmite e internaliza la noción y la práctica de la legalidad en los procesos de socialización de niños y jóvenes en los formadores tempranos: familia, escuela, iglesias, medios, comunidad.
Pero también se relaciona con una suerte de colapso en el sistema que transfiere valores mediante el efecto imitación. En los países con mejor desempeño en la cultura de la legalidad, por ejemplo, hay un rechazo, una exclusión social hacia los que han cometido ilícitos no solo porque es la posición correcta como comportamiento moral sino porque se cree que los autores se han apropiado de bienes -recursos públicos, por ejemplo- que pertenecen al conjunto de la comunidad.
En México esto no pasa: aquí a los infractores les cantan y llevan flores.
Seamos sinceros: ni la mejor legislación ni los controles efectivos ni las políticas punitivas serán suficientes para reducir el problema si no se socializa el valor de la decencia y la honestidad como recurso natural de vida.
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