Los padres y madres que buscan a sus hijos en México no tienen nada que perder; la apuesta terminó el día que les arrebataron lo que más amaban. Hoy, caminan armados de una indignación que no caduca y de la urgencia de desenterrar la verdad. Lo único que los detiene son las balas —ellos lo saben—, pero el amor es un motor más potente que el miedo. Por eso no dejan de rastrear con sus propias manos el territorio nacional, ese que el régimen ha convertido en un inmenso muestrario de fosas clandestinas.
El oficialismo actual no los atiende por dos razones que delatan su naturaleza. Primero, porque son incapaces de gestionar la avalancha de dignidad y dolor de miles de familias que, en los hechos, realizan el trabajo que el Estado se niega a hacer. Segundo, porque saben perfectamente que, al buscar a los culpables, terminarían encontrándose con el rostro más podrido del régimen mismo. Ante la disyuntiva entre justicia o complicidad, han optado por dejarlos a su suerte.
Morena es un movimiento hipócrita y oportunista. El activismo de las familias es una causa incómoda que revela una verdad cínica: cuando el fenómeno de los desaparecidos le sirve al obradorismo como combustible electoral, los familiares son aliados; cuando el fenómeno los exhibe, se convierten en adversarios molestos.
López Obrador y Claudia Sheinbaum llegaron al poder impulsados por una bandera que les dio legitimidad en las calles. Bajo el grito de #FueElEstado, hicieron suya la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En aquel entonces, con el partido apenas estrenando registro, el horror de Iguala le cayó "como anillo al dedo" al líder oportunista. Más allá de la brutalidad del caso, el movimiento morenista —entonces oposición— dio cobijo a los padres, llevó sus voces a las plazas y hasta repartió cuotas políticas entre sus líderes. Eran los años del morenismo que exigía justicia para los desaparecidos.
Cómo olvidar a Epigmenio Ibarra, quien juró realizar un pase de lista nocturno hasta que los muchachos aparecieran, promesa que, por supuesto, caducó el mismo día que entró por la puerta de Palacio Nacional. O a Layda Sansores, quien en un alarde de "empatía" de alta costura, se mandó a confeccionar un carísimo vestido con los rostros de los normalistas para desfilar su indignación por la tribuna del Senado, donde exigía a gritos que los 43 jóvenes debían ser buscados por el gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, una vez instalados en el poder, el movimiento que ellos mismos alimentaron se transformó en una piedra en el zapato. A pesar de ser el único grupo con el "privilegio" de ser recibido en el Salón Tesorería, los padres de Ayotzinapa vieron cómo la prometida Comisión de la Verdad se desmoronaba en cuanto las investigaciones rozaron los intereses y el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Ahí, el régimen se hizo de la vista gorda y todo se entrampó.
Para el obradorismo, la crisis de los desaparecidos es una amenaza que desnuda su incapacidad y sus nexos con los socios criminales. El desdén es la política oficial. En julio de 2023, López Obrador llegó al extremo de calificar las solicitudes de reunión de las madres buscadoras como "politiquería" y "publicidad". Irónicamente, el micrófono que les negó a las mexicanas se lo entregó a la argentina Estela de Carlotto, de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿La razón? Simple: la activista extranjera se alineaba a su guion ideológico y usó la tribuna para aplaudirle. El dolor ajeno solo es válido si viene acompañado de un elogio.
Sheinbaum, por su parte, ha heredado esta gestión del silencio. Sus reuniones son puestas en escena delegadas a la Secretaría de Gobernación; ella nunca está, ella no se ensucia. Esta "jerarquización del dolor" —denunciada por activistas como Ceci Flores y Delia Quiroa— confirma que en este gobierno hay desaparecidos de primera y de segunda. Mientras Ayotzinapa es una bandera descolorida, las otras 130 mil ausencias son tratadas como un fastidioso trámite administrativo que estropea la narrativa de la transformación.
Para colmo, el fenómeno adquiere relevancia internacional al ser investigado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el cual tomó la decisión histórica de elevar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, declarando además que, en México, el horror de las desapariciones constituye crímenes de lesa humanidad.
Ni tardo ni perezoso, el gobierno federal se apresuró a descalificar el trabajo de la comisión, al cual ya tachó de “tendencioso”, olvidando que las conclusiones van aparejadas con apoyo internacional para enfrentar la crisis. Queda demostrado que el interés no está centrado en hacer justicia y llegar a la verdad, sino en mantener viva una narrativa que se cae a pedazos, mientras los desaparecidos que no le sirven al régimen siguen siendo su peor pesadilla.
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