Durante décadas, el oficialismo cubano y sus simpatizantes repitieron como mantra que los problemas del país eran culpa del supuesto “bloqueo” estadounidense. La consigna funcionó como coartada para encubrir la disfuncionalidad de un régimen fallido y para justificar la escasez crónica y generalizada. Sin embargo, al iniciar 2026, se reafirmó que la frágil estabilidad de la isla dependía, para su supervivencia, más de subsidios externos —como el petróleo venezolano y mexicano— que de cualquier capacidad productiva o actividad económica funcional.
Estos subsidios petroleros no sólo han cubierto parte de la demanda interna de energía, sino que también han sostenido el funcionamiento de la economía y los servicios básicos del Estado. El excedente permite al régimen obtener recursos adicionales mediante la reexportación o el ahorro fiscal.
Con la interrupción de los envíos de crudo, Cuba enfrenta una crisis energética severa que no sólo compromete el suministro eléctrico y paraliza los limitados sectores productivos, sino que también expone la fragilidad operativa del régimen y socava los mecanismos de control social que durante años descansaron en la represión y el miedo.
Ante esta fragilidad, la presión internacional se volvió instrumental. La declaración de emergencia nacional de Estados Unidos y la amenaza de sanciones a países que suministren petróleo a la isla buscan golpear directamente la base material de supervivencia del régimen. Cuba enfrenta un cerco energético que expone su vulnerabilidad, no frente a un enemigo externo, sino ante su propia ineficiencia, dependencia estructural y falta de recursos. Esto no provocará un cambio inmediato, pero altera de manera sustantiva el equilibrio que ha sostenido al régimen y abre la posibilidad de una transformación.
Si el cambio político llega, difícilmente emergerá de protestas u oposición externa. Será más bien resultado de una negociación con EU y el resquebrajamiento interno. Cuando la crisis vuelva inviable la provisión de servicios básicos y la gobernanza, los actores que sostienen al régimen –militares, tecnócratas del partido y gestores de empresas estatales– deberán optar entre preservar privilegios dentro de un modelo agotado e impulsar una transición concertada. El objetivo será conservar cuotas de control más que una apertura política plena.
El giro no respondería a la necesidad de evitar el colapso total. El pragmatismo desplazaría a la ideología. La apertura económica sería limitada y controlada, presentada como reforma funcional, no como una derrota del modelo. El relevo de liderazgo emergería del propio aparato estatal, con el objetivo de preservar gobernabilidad y cuotas de control. No sería una transición democrática, sino un arreglo para administrar la crisis y contener el impacto de un colapso energético y financiero.
Cuba no será libre de la noche a la mañana, pero enfrenta una vulnerabilidad inédita —y Trump lo sabe. El régimen perdió su salvavidas: carece de subsidios energéticos y financiamiento externo que amortigüen la crisis. No se tratará, previsiblemente, de una intervención, sino de un efecto dominó que expondrá los límites del modelo. La incógnita ya no es si el sistema resistirá, sino cómo se reconfigurará el poder y quién lo capitalizará. Mientras la población quedará a su suerte ante una economía fallida e incapaz de sostenerse.
nerse
